La política de reordenamiento normativo y modernización institucional encarada por la administración comunal en Bahía Blanca sumó un nuevo capítulo de alto impacto para el sector comercial eindustrial local. Mediante el dictado de un decreto específico, el Departamento Ejecutivo dispuso la suspensión transitoria de los permisos y autorizaciones que, bajo la modalidad anterior, habilitaban a determinados establecimientos a iniciar su operatoria comercial con la mera presentación y radicación del trámite administrativo de habilitación municipal.
A partir de la entrada en vigencia de esta disposición, todos los nuevos expedientes correspondientes a rubros considerados críticos o de alto impacto operativo deberán tramitarse y obtener de manera indefectible la habilitación municipal definitiva antes de poder operar o librar sus instalaciones al uso del público. La medida restrictiva se extenderá por un plazo máximo de 90 días corridos o hasta tanto el Honorable Concejo Deliberante sancione y promulgue la nueva legislación integral en materia de habilitaciones comerciales.
Rubros alcanzados por la suspensión transitoria
El alcance de la normativa comprende exclusivamente a aquellas actividades y tipologías comerciales que, debido a sus características particulares, demandan una fiscalización previa rigurosa para resguardar la seguridad pública, la salubridad y el medio ambiente. De este modo, la suspensión afecta directamente a los siguientes sectores:
Autoservicios de productos alimenticios, hipermercados, supermercados y centros comerciales que se encuentran encuadrados dentro de los parámetros de la Ordenanza N.º 11.484.
Establecimientos, gimnasios y locales destinados de manera específica a la práctica de actividades físicas y deportivas, los cuales se rigen por las prescripciones de la Ordenanza N.º 14.745.
Depósitos generales y prestadores de servicios cuya superficie cubierta total supere los 500 metros cuadrados.
Cualquier otra actividad de índole comercial cuya superficie cubierta en inmuebles sea mayor a los 300 metros cuadrados.
Emprendimientos y actividades que, por su propia naturaleza operativa, complejidad técnica o potencial peligrosidad, exijan fiscalizaciones anticipadas; encontrándose en este grupo todas aquellas iniciativas vinculadas con la manipulación, fraccionamiento, almacenamiento industrial o utilización comercial de explosivos, sustancias altamente inflamables y cualquier otro material o producto que suponga un riesgo latente para la seguridad general, la salud pública o la preservación ambiental.
Fundamentos del decreto y la necesidad de un nuevo código
Los considerandos de la medida adoptada por el Ejecutivo municipal ponen de manifiesto una profunda necesidad institucional: el Código de Habilitaciones vigente en el distrito data del año 1993, encontrándose largamente obsoleto frente a los vertiginosos cambios operados en las modalidades comerciales, la evolución de los hábitos de consumo de la ciudadanía y la permanente aparición de nuevas actividades económicas que el esquema normativo actual no contempla ni regula adecuadamente.
En consonancia con este diagnóstico, el decreto encomendó formalmente a la flamante Agencia de Regulación, Control y Habilitaciones la elaboración y redacción de un proyecto integral de nueva legislación en la materia. El objetivo central de esta futura normativa será actualizar, simplificar, integrar y unificar de manera armónica todas las ordenanzas, normativas y procedimientos dispersos que rigen en la actualidad.
Esta decisión se enmarca dentro de un proceso más amplio de reordenamiento estructural del Estado local anunciado oportunamente por el municipio, el cual contempla de manera simultánea la formulación de nuevos códigos de Habilitaciones y de Edificación, junto con la unificación operativa de las funciones históricamente separadas de habilitación, inspección y fiscalización bajo la órbita de la nueva Agencia.
El propósito último de esta transformación es dotar al sistema de una mayor agilidad en los trámites para quienes invierten, profesionalizar la gestión técnica del Estado y robustecer los mecanismos de control en materia de seguridad edilicia, higiene y salubridad. De este modo, la modernización administrativa busca recuperar la capacidad de planificación y orientación del desarrollo económico de Bahía Blanca, estableciendo reglas claras, transparentes y previsibles que acompañen la actividad productiva local sin descuidar el cuidado integral de toda la comunidad.
