La Justicia penal económica imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a su principal colaborador Pablo Toviggino y al resto de la cúpula dirigencial por presuntas irregularidades en el manejo de aportes impositivos y previsionales. La acusación surge a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El fiscal Claudio Roberto Navas Rial consideró que, si bien Tapia aparece señalado como responsable principal por su rol institucional y administrativo, la investigación debe extenderse al conjunto de la comisión directiva. Según el dictamen, la “estructura societaria” de la AFA impide circunscribir la responsabilidad a una sola figura y obliga a analizar la actuación de otros dirigentes.
En ese marco, el escrito fiscal menciona de manera explícita a Cristian Ariel Malaspina, Pablo Ariel Toviggino y Gustavo Roberto Lorenzo, todos integrantes de la conducción de la entidad. La causa tramita en el Juzgado Penal Económico N°5 y quedó formalmente encuadrada como una posible infracción al Régimen Penal Tributario.
La denuncia sostiene que la AFA habría retenido impuestos y contribuciones a la Seguridad Social sin cumplir con el posterior depósito dentro de los plazos legales. En ese sentido, el documento afirma que la entidad actuó como agente de retención, descontando tributos a terceros y utilizando esos fondos para su propio financiamiento.
En una primera presentación, ARCA había calculado el monto involucrado en alrededor de $7.500 millones. Sin embargo, una ampliación posterior incorporó nuevos períodos y conceptos tributarios, elevando la cifra en otros $11.759 millones. De acuerdo con el cuadro consolidado incluido en el expediente, el total denunciado asciende a $19.353.546.843,85, correspondientes a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y aportes previsionales no ingresados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Para el organismo recaudador, existió intención deliberada por parte de la AFA, que “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”. En función de ello, ARCA pidió que los imputados sean llamados a declaración indagatoria y solicitó la aplicación de las penas previstas, que contemplan prisión de dos a seis años por la retención indebida de tributos.
