A pesar de los anuncios realizados en la apertura de sesiones ordinarias, el paquete de leyes estructurales aún no ingresó al Parlamento. El oficialismo admite que no hay prioridades definidas y la actividad legislativa se retomaría recién en el mes de abril.
La agenda legislativa del Gobierno nacional atraviesa un periodo de parálisis técnica y falta de definiciones estratégicas. Tras un inicio de año marcado por una intensa actividad parlamentaria —donde el oficialismo logró conquistas clave como la reforma laboral y la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea—, el ritmo en el Congreso se ha desacelerado drásticamente. En los pasillos del Palacio Legislativo se reconoce que, por el momento, no hay sesiones previstas en el corto plazo.
Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei anticipó el envío de «90 paquetes de reformas estructurales» destinados a rediseñar la arquitectura institucional del país. Sin embargo, a días de aquel anuncio, ninguna de las iniciativas ha ingresado formalmente por mesa de entradas. Incluso dentro de las filas de La Libertad Avanza existe desconcierto sobre el orden de prelación que tendrán estos proyectos.
La Ley de Glaciares como única certeza
En la Cámara de Diputados, los referentes del bloque oficialista admiten que la única iniciativa con horizonte cercano es la reforma de la Ley de Glaciares. No obstante, su tratamiento también sufrirá postergaciones. En cumplimiento con el Acuerdo de Escazú, que exige instancias de participación ciudadana en materia ambiental, se realizarán audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo.
Dada la cercanía del feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, sumado a la celebración de Semana Santa, se estima que el debate en el recinto se traslade a la segunda semana de abril, específicamente entre los días 8 y 9.
Reorganización interna y reformas pendientes
Desde la Casa Rosada argumentan que la demora en la redacción final y el envío de los proyectos responde a la reciente reorganización del Gabinete. La salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia y la asunción de Juan Bautista Mahiques han obligado a una revisión de los textos técnicos antes de su remisión al Congreso.
El abanico de reformas prometidas por el Ejecutivo es vasto: incluye modificaciones profundas al Código Civil y Comercial, un nuevo régimen tributario, cambios en el Código Aduanero y una reforma integral del sistema electoral y del financiamiento de los partidos políticos. «Necesitamos que los representantes sean responsables ante sus representados», había enfatizado el mandatario, aunque la puesta en marcha de ese plan institucional deberá esperar, al menos, un mes más.
