Desde diciembre de 2023, la gestión del presidente Javier Milei ha implementado una política de reducción sobre el Sector Público Nacional que impactó directamente en la dotación de personal de diversas áreas estratégicas. De acuerdo con los datos recabados a julio de 2026, el Estado Nacional registró una pérdida de 72.522 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 21% en su planta de trabajadores, promediando casi 70 desvinculaciones por día.
Al desglosar las cifras por sector, en términos absolutos la mayor parte del recorte recayó sobre la administración descentralizada (organismos con autonomía técnica y financiera). En segundo y tercer lugar se ubicaron las empresas y sociedades estatales y la administración centralizada, respectivamente; seguidas por la administración desconcentrada y otros entes. Sin embargo, en términos porcentuales, la proporción más alta de ajuste afectó a la administración centralizada, evidenciando un profundo redimensionamiento en los órganos dependientes de forma directa del Poder Ejecutivo.
En el análisis de las empresas y sociedades del Estado, el impacto absoluto lo encabeza el Correo Argentino con 5.618 despidos. Esta reducción compromete funciones logísticas esenciales para la conectividad territorial, la distribución de medicamentos, materiales educativos y el soporte de procesos electorales. Le siguen la Operadora Ferroviaria S.E. con 4.305 desvinculaciones, el Banco Nación con 2.381, Aerolíneas Argentinas con 1.923 y Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) con 1.866. Completan el listado de mayores recortes absolutos la Casa de la Moneda (717 despidos), Corredores Viales S.A. (695), la Agencia de Publicidad del Estado (639), Belgrano Cargas y Logística (621) y Radio y Televisión Argentina S.E. (489).
Si se analiza el impacto en términos proporcionales respecto de la dotación total de cada empresa, el caso más extremo es el de la ex Télam (Agencia de Publicidad del Estado S.A.U), que sufrió un recorte del 79%, llevándola a una virtual extinción operativa. En segundo lugar se ubica ENARSA Patagonia, afectando la planificación territorial energética. Las significativas mermas en Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E. limitan la producción pedagógica y cultural. Asimismo, se registraron severas contracciones en Construcción de Vivienda para la Armada S.A.U. (COVIARA, con un 45% de reducción), la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIFSE, 37,5%), la Casa de la Moneda (51%), BICE Fideicomisos (42%) y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE, 32%).
Dentro del ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), el mayor recorte nominal recayó sobre ARCA (Agencia de Recaudación de la Seguridad Social y del Estado Nacional) con 3.463 puestos eliminados, comprometiendo la fiscalización y recaudación. Le sigue la ANSES con 3.004 trabajadores menos, afectando la gestión previsional y atención al público; y la Dirección Nacional de Vialidad con 1.499 cesantías. Los organismos técnicos y científicos también sufrieron recortes drásticos: el CONICET perdió 2.121 integrantes, el ENACOM 875, el INTI 869 y el INTA 849, lo cual erosiona el desarrollo investigativo, la asistencia a pymes, la trazabilidad agroalimentaria y las políticas de conectividad.
Un dato inédito en la dinámica de ajuste estatal es el impacto en las estructuras centrales de las Fuerzas Armadas. Las cesantías alcanzaron a 1.421 agentes en el Estado Mayor General de la Armada, 822 en el de la Fuerza Aérea y 743 en el del Ejército. Esta medida plantea interrogantes sobre la preservación de las capacidades estratégicas y operativas de la defensa nacional.
Finalmente, al observar los organismos centralizados y descentralizados en términos proporcionales, el recorte más agudo se dio en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 63% de su planta. Le siguen la Junta de Seguridad en el Transporte con un 53%, el INAES con un 46%, el ENACOM con un 43%, la Agencia Nacional de Seguridad Vial con el 41%, el Fondo Nacional de las Artes con el 40%, el Banco Nacional de Datos Genéticos con un 30% y la Agencia de Acceso a la Información Pública con un 29%. Este panorama general expone un repliegue sistemático de las capacidades del Estado en áreas operativas, científicas, sociales y de fiscalización.
