Como lo informamos en crónica aparte, se oficializó este lunes la decisión del gobierno nacional de intervenir el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Se trata del organismo que tiene a su cargo las tareas de regular y garantizar los servicios de comunicación en el país y que actualmente está bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
“Se está avasallando la ley; la conducción de este organismo que es regulatorio, tiene tres representantes del Congreso y el único objetivo de esta intervención es cancelar esa participación del Congreso, si no no se entiende por qué lo hacen”, planteó esta mañana en diálogo con Radio Altos, exvicepresidente de ENACOM, Gustavo López.
Recalcó que el oficialismo tiene mayoría automática porque 4 de los 7 representantes del Congreso son propios, por eso, no dudó en aseverar que la intención de la intervención es que todas las medidas que se adopten desde el Ejecutivo en materia comunicacional se hagan sin ningún tipo de discusión.
“Ellos vienen por la destrucción del fomento de las comunicaciones, por la eliminación de fondos para la comunicación comunitaria y para que internet llegue a barrios populares, a las escuelas, a los hospitales. Todo eso lo quieren hacer sin discusión política”, advirtió.
Se mostró muy crítico a la intervención porque insistió en que “rompe” con lo que establece la ley y deja en manos de un interventor toda una política de comunicación. Y a partir de ahora, cualquier medida que se adopte será sin debate: “Sin que nadie se entere se resolverá sobre toda la comunicación”.
“Lo grave es el incumplimento de la ley y la no participación del Congreso tal como lo marca la propia ley”, remarcó.
Opinó que esta decisión publicada en el Boletín Oficial se inscribe en una política para favorecer a los grandes grupos concentrados. “Vienen por despidos masivos; esto es lamentablemente una política de concentración de medios y de desmantelamiento de medios que pueden tener un discurso distinto”.
El interventor designado es Juan Martín Ozores, licenciado en Administración de Empresas y ejecutivo “con más de 25 años de experiencia en telecomunicaciones y tecnología, tanto en el país como a nivel internacional”, de acuerdo a lo especificado en el decreto publicado hoy.
“De libertad esto no tiene nada, ataca al sistema democrático y debilita la diversidad y pluralidad de voces”, concluyó.
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