En un nuevo capítulo de la discusión sobre la asistencia a Bahía Blanca tras las devastadoras inundaciones del 7 de marzo, la Coalición Cívica ha alzado la voz. Los diputados nacionales Juan Manuel López y Victoria Borrego, junto al candidato a diputado provincial Andrés De Leo, enviaron una carta formal a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, exigiendo detalles precisos sobre la ejecución de los fondos destinados a la ciudad. El reclamo se centra en la aplicación del Decreto N° 238/2025, la normativa que el Gobierno Nacional esgrimió como motivo para vetar una ley de emergencia sancionada por el Congreso.
El decreto en cuestión había creado un fondo de asistencia directa de hasta $200.000.000.000 y un régimen de subsidios llamado “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”. Sin embargo, según la información que manejan los legisladores, la ejecución de ese fondo dista mucho de ser completa. En la misiva, los referentes del partido denuncian que “de los $200.000.000.000 comprometidos se devengaron únicamente $65.239.000.000, quedando sin aplicación $134.761.000.000, más de dos tercios del total”. Esta discrepancia es la principal motivación del pedido de informes.
Veto presidencial y un fondo «sin utilizar»
La situación se vuelve más compleja al recordar el veto presidencial a la Ley N° 27.790, sancionada por el Congreso, que declaraba la emergencia en Bahía Blanca y en la vecina localidad de Coronel Rosales. Dicha ley no solo proponía medidas de ayuda, sino que también contemplaba alivios fiscales y financieros para una gama más amplia de damnificados, incluyendo a comerciantes, monotributistas y PyMEs. El veto del presidente Javier Milei se justificó con el argumento de que la ayuda ya estaba garantizada por el Decreto N° 238/2025. Sin embargo, los legisladores de la Coalición Cívica señalan que la falta de ejecución del fondo contradice ese argumento.
Según los datos oficiales, el Gobierno Nacional había otorgado 32.076 beneficios, con 3.962 solicitudes aún en trámite. La Resolución del Ministerio de Seguridad N° 532/2025 fijó los montos de los subsidios en $2.000.000 para viviendas con afectación media y $3.000.000 para aquellas con afectación alta, especificando que se reconocería un solo subsidio por vivienda. En su momento, se había prometido que los pagos se harían efectivos dentro de los 30 días posteriores a la inscripción.
Interrogantes y pedidos de precisión
López, Borrego y De Leo no solo piden explicaciones sobre el dinero no utilizado, sino que también solicitan precisiones sobre los plazos de pago y la situación de las solicitudes pendientes. La pregunta que flota en el aire es si realmente se cumplió con los 30 días de plazo o si aún subsisten demoras que agravan la situación de las familias afectadas.
Además, los legisladores manifestaron su preocupación por aquellos sectores que quedaron excluidos del decreto, pero que sí estaban contemplados en la ley vetada. Por eso, exigen saber si el Poder Ejecutivo tiene planeadas medidas complementarias para asistir a comerciantes, monotributistas y PyMEs, que han sufrido pérdidas significativas y que no han recibido la asistencia esperada a través de la normativa vigente. La nota, en esencia, busca transparencia y la confirmación de que la ayuda prometida efectivamente llegue a quienes más la necesitan en la ciudad.
