La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, bajo la presidencia de la legisladora Julia Strada, fue escenario de una extensa reunión informativa que expuso las severas consecuencias de las actuales políticas económicas y productivas. Trabajadores despedidos, representantes de pymes y empresarios de múltiples sectores brindaron duros testimonios sobre los efectos de la apertura importadora, la caída del consumo y la pérdida masiva de empleo. Al abrir el encuentro, Strada advirtió que, frente a un Gobierno que niega la realidad y pretende cerrar el Congreso, la oposición busca legislar para evitar que la crisis siga afectando a la población.
Los testimonios de los trabajadores reflejaron el impacto directo de la recesión en sus ingresos y condiciones de vida. Ezequiel Centurión, extrabajador de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento, detalló que la empresa declaró un proceso preventivo de crisis a fines del año pasado, imponiendo una reducción salarial del 11% bajo amenaza de cerrar la planta. «La gente ya no está comiendo», advirtió, y explicó que dejaron de percibir sus quincenas y que el aguinaldo fue abonado de forma fraccionada. En sintonía, José Barbará, despedido de la planta de la misma firma en Concepción del Uruguay, relató que la imposibilidad de pagar los alquileres obligó a muchas familias a separarse temporalmente y regresar a las casas de sus respectivos padres. Por su parte, Joel Mujica, despedido en San Miguel del Monte, relató la angustia de acumular deudas para sostener la escolaridad de su hijo, y cuestionó que, al reclamar por sus salarios, se encontraron con presencia policial como si fueran delincuentes.
La precarización y saturación de las fuentes de ingresos alternativas también fue uno de los ejes del encuentro. Víctor Ávalos, despedido de la empresa WADE tras décadas de servicio, graficó el colapso del trabajo en plataformas digitales señalando que hay decenas de conductores compitiendo por viajes de valores mínimos. En el interior del país, el panorama es idéntico: Claudio Gómez, ex trabajador de UnionBat, detalló el impacto en ciudades como Gualeguaychú, donde las personas despedidas que no cobraron sus indemnizaciones terminan trabajando como choferes de aplicaciones compitiendo fuertemente entre ellos por los escasos viajes diarios. Gabriela Díaz, trabajadora despedida de Expreso Brío en Rosario, aclaró de manera contundente que su endeudamiento actual no responde a gastos superfluos, sino exclusivamente a la falta de pago de sus haberes.
El aspecto más doloroso de la crisis quedó expuesto en la intervención de Germán Pucheta, despedido de la textil Emilio Alal de Corrientes, quien denunció que el hambre en el sector llevó a un compañero, a punto de jubilarse, a quitarse la vida. Marcelo Barrionuevo, en representación de las 300 familias afectadas por un prolongado conflicto en la firma Ilva de Pilar, denunció que el actual modelo económico está destruyendo de manera simultánea tanto industrias como familias enteras. Federico Soromello, despedido de la fábrica de caucho de Pampa Energía, lamentó el vaciamiento y cierre sostenido de empresas en lo que supo ser un pujante cordón industrial santafesino. Gustavo Melgarejo, despedido de la fábrica de calzado Dass en Misiones, lanzó un fuerte desafío a los legisladores del oficialismo para que recorran la provincia y comprueben la ausencia real de puestos de trabajo.
Desde el sector empresario y comercial, las críticas apuntaron a la apertura asimétrica del mercado y la caída del consumo interno. Sergio Talenti, de Jorsa Argentina, ilustró la competencia desleal indicando que el costo de la materia prima local para fabricar un amortiguador es superior al valor por el cual el producto final ya terminado ingresa desde China. Gabriel Corigliano, empresario de Mom Sports, sumó que los bienes importados ingresan con costos irrisorios debido a que cuentan con servicios subvencionados en sus países de origen. Horacio Moschetto, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, alertó sobre la inminente caída de medidas antidumping que protegen al sector nacional, señalando la falta de voluntad oficial para renovarlas. A su vez, Raúl Javier Amil advirtió sobre la brutal asimetría de inversiones autopartistas al comparar los miles de millones de dólares anunciados en Brasil frente a la escasa inyección de capital en Argentina. La falta de empleo generalizada fue retratada por Ezequiel Agüero, dueño de una parrilla bonaerense, quien expuso que ante la publicación de 14 puestos de trabajo, recibió la desesperada postulación de 1.500 personas, incluyendo mano de obra industrial calificada que buscaba ingresar «de lo que sea».
El encuentro visibilizó cifras alarmantes: desde el inicio de la actual gestión se perdieron más de 249.000 puestos de trabajo en el sector privado, correspondiendo más de 105.000 a la industria. En este período, cerraron más de 4.100 empresas industriales y la capacidad instalada cayó al 58,2%.
Ante este escenario, diputados del bloque de Unión por la Patria adelantaron un paquete de medidas que impulsarán para forzar su tratamiento legislativo. El legislador Sergio Palazzo, acompañado por otros dirigentes de extracción sindical, anunció un proyecto para declarar la emergencia en el sector agroindustrial avícola, con el fin de asistir a empresas en crisis y permitir que los trabajadores despedidos puedan acceder al programa de subsidios REPRO. Además, se busca promover la emergencia Pyme, limitar la apertura indiscriminada de importaciones y restablecer los mecanismos antidumping para resguardar la producción nacional de mano de obra intensiva.
