El Ejecutivo prepara la desvinculación de unos 28.000 trabajadores estatales para 2026, concentrando el ajuste en organismos descentralizados clave como CONICET, INDEC y ANSES. La reestructuración, coordinada por los ministros Sturzenegger y Adorni, busca eliminar duplicaciones y lograr una «eficiencia» que, según el oficialismo, es indispensable para las finanzas del Estado, aunque genera fuertes advertencias sobre el impacto en la ciencia y los servicios sociales.
El Gobierno Nacional avanza con una profundización en su plan de reducción del Estado y se prepara para encarar una nueva etapa de ajuste que apunta a desvincular a cerca de 28.000 trabajadores, lo que equivale a aproximadamente un 10% de la plantilla estatal actual. Esta medida se enmarca en una reforma estructural impulsada desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, cuyo objetivo central es reducir el gasto público y mejorar la eficiencia de la administración.
Desde la asunción presidencial, ya se han concretado más de 58.000 desvinculaciones, abarcando empleados de empresas estatales, fuerzas de seguridad y la administración centralizada. Sin embargo, este nuevo movimiento, coordinado por la Jefatura de Gabinete a cargo de Manuel Adorni y supervisado por el ministro de Transformación Estatal, Federico Sturzenegger, marca un cambio de foco estratégico.
El ajuste se desplaza a los organismos clave
Según confirmaron fuentes oficiales, mientras que la primera fase del recorte se concentró en la estructura centralizada de los ministerios, esta segunda etapa pondrá la lupa en los organismos descentralizados. La estrategia es transversal y afectará a entidades con funciones críticas en áreas sensibles del país.
Entre los organismos bajo revisión se encuentran pilares de la investigación y el servicio social como el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), entre otros. El Ejecutivo argumenta que en estas estructuras existen duplicaciones de tareas y funciones superpuestas que deben ser racionalizadas para lograr un «Estado más eficiente».
Con una dotación total de la administración pública nacional que el INDEC situó en 285.570 empleados en octubre de 2023, la reducción del 10% implica una desvinculación masiva que se proyecta realizar a lo largo de los dos primeros trimestres de 2026.
Racionalización y control presupuestario
El plan de Sturzenegger no solo contempla despidos, sino también la eliminación de áreas redundantes y la optimización de procesos internos. El control se refuerza a través de herramientas presupuestarias: el Proyecto de Presupuesto para 2026 introduce un nuevo régimen de contrataciones que exige la autorización previa de la Jefatura de Gabinete para cubrir cualquier vacante. Esta restricción es vista como un mecanismo de contención para evitar que las jurisdicciones recompongan el personal sin el aval de la cúpula del Poder Ejecutivo.
Un sector específico donde se esperan movimientos inminentes es el de los Medios Públicos. Con cerca de 2.500 trabajadores entre la Televisión Pública y Radio Nacional, el Gobierno planea la implementación de un esquema de retiros voluntarios para achicar significativamente la estructura de estos entes, en línea con la búsqueda de reducir el gasto y la injerencia estatal en los medios de comunicación.
Advertencias y debate: El riesgo del desmantelamiento
Si bien el Gobierno sostiene que el ajuste es una reforma estructural necesaria para ordenar las finanzas del Estado y generar un ahorro significativo (cifras anteriores de recortes ya habían reportado miles de millones de pesos ahorrados), la medida no está exenta de fuertes críticas.
Sectores de la oposición, así como gremios estatales y comunidades científicas, han expresado su profunda preocupación. La concentración de los recortes en organismos como el CONICET, el INDEC o el INTA genera una alerta sobre el riesgo de desmantelamiento en áreas estratégicas como la investigación, la generación de estadísticas oficiales y la seguridad social.
Los críticos advierten que la reducción drástica de personal podría impactar negativamente en la calidad y la continuidad de los servicios públicos esenciales para la población. El debate se polariza entre la necesidad fiscal de un Estado más pequeño, defendida por el oficialismo, y la obligación de mantener organismos técnicos y sociales robustos que garanticen las funciones vitales del país, una postura sostenida por los sectores afectados.
La inminente ejecución de esta nueva fase del ajuste promete ser uno de los principales focos de tensión política y social en los próximos meses, con el destino de miles de trabajadores estatales y la estructura misma del sector público en juego.
