Durante el primer semestre de 2026, la incidencia de la pobreza en la Argentina afectó al 32,3% de la población, lo que representa un alarmante incremento interanual de 0,7 puntos porcentuales. En la misma línea, los niveles de indigencia se ubicaron en un 7,5%, reflejando una suba de 0,6 puntos respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, más allá de la gravedad de los datos publicados oficialmente, un exhaustivo análisis técnico elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) encendió las alarmas sobre la verdadera dimensión de la crisis socioeconómica, al concluir que las cifras emitidas por el INDEC se encuentran distorsionadas y subestiman sustancialmente el deterioro real que atraviesan los hogares.
El documento publicado por el CEPA pone el foco de atención sobre tres factores metodológicos específicos que, según los investigadores, están amortiguando el impacto estadístico de la crisis económica. En primer lugar, apuntan a los recientes y profundos cambios implementados en los cuestionarios de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Estas modificaciones optimizaron la captación de ingresos no laborales, logrando registrar con mayor precisión los montos provenientes de políticas de transferencia como la Tarjeta Alimentar o las pensiones no contributivas. Según el informe, esta mejora en la recolección de datos explica una porción mayoritaria de la disminución estadística de la pobreza en el corto plazo, sin que esto signifique una mejora real, estructural y palpable en las condiciones de vida, la alimentación o el consumo de las familias.
En segundo término, el informe expone una severa inconsistencia en la medición de los ingresos correspondientes al sector informal de la economía. Las estadísticas oficiales muestran que los salarios de los trabajadores no registrados experimentaron un crecimiento del 36,3% en términos reales hasta marzo de 2026. Para los especialistas del CEPA, este dato resulta estadísticamente inverosímil y contradictorio, ya que quiebra por completo la correlación histórica que los ingresos informales mantienen con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), especialmente al analizar el contexto de un mercado laboral fuertemente contractivo y una recesión generalizada.
El tercer gran cuestionamiento metodológico se centra de lleno en el cálculo de la Canasta Básica Total (CBT), la línea técnica que define el umbral de la pobreza en el país. La entidad advierte que el INDEC continúa aplicando un coeficiente de cálculo que subestima el enorme e inédito peso que han adquirido los servicios públicos esenciales y el transporte dentro del presupuesto mensual familiar, priorizando casi exclusivamente el peso del gasto en alimentos. Ante los recientes y abruptos incrementos tarifarios, sostener esta antigua fórmula genera una línea de pobreza artificialmente baja, dejando fuera de las estadísticas a miles de familias que en la práctica cotidiana no logran cubrir sus necesidades básicas insatisfechas.
Más allá de los estrictos debates metodológicos y estadísticos, el deterioro de las condiciones de vida encuentra sus causas concretas en una profunda degradación de las principales variables macroeconómicas a lo largo de todo el semestre. La inflación en el crítico rubro de alimentos, el componente más sensible para los sectores de menores recursos, mantuvo un elevado promedio del 2,8% mensual, ubicándose sistemáticamente por encima de las dinámicas inflacionarias observadas durante los semestres correspondientes a 2024 y 2025.
A esta presión inflacionaria sobre los bienes básicos se suma un derrumbe sostenido en el poder adquisitivo general. El Salario Mínimo, Vital y Móvil registró una violenta caída real del 11,0% en la comparación interanual, marcando un piso históricamente bajo para las remuneraciones. El impacto también fue devastador para los sectores más vulnerables que dependen directamente de la asistencia estatal, herramientas que actuaban históricamente como el último dique de contención contra la indigencia extrema. En este sentido, los planes sociales perdieron un 24,7% de su poder de compra real, la Tarjeta Alimentar cayó un 6,0% y la jubilación mínima (incluso contemplando el pago del bono compensatorio) retrocedió un 5,3%.
El escenario del mercado laboral completa un panorama sumamente crítico de cara a la segunda mitad del año. La tasa de desocupación promedió un 7,9%, superando no solo el 7,1% del semestre inmediatamente anterior, sino también el 7,8% registrado en la primera mitad de 2025. Sin embargo, el dato que mejor representa la coyuntura actual es el descalce histórico entre contar con un trabajo formal y garantizar la supervivencia económica básica: el salario mediano de los trabajadores registrados del sector privado alcanzó a cubrir apenas el 90,8% de la Canasta Básica Total. De esta manera, el CEPA advierte que se ha consolidado estructuralmente el fenómeno de los asalariados formales que, a pesar de contar con un empleo estable, obra social y aportes al día, no logran superar la línea de pobreza con su único ingreso individual.
