
Las críticas a la suspensión de la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad
El titular de la Unión Cívica Radical (UCR) y senador nacional, Martín Lousteau, planteó que «el Gobierno le vuelve a dar la espalda a las personas con discapacidad». «Ahora dicen que no pueden implementar la Ley porque no tienen la plata, pero es mentira, es una cuestión de prioridades. Hace dos años que no tenemos presupuesto y el Jefe de Gabinete asigna partidas a su criterio y discreción. ¿Probaron con no bajarle tantos impuestos a los más ricos de los ricos?», sostuvo este lunes en su cuenta de X.
«La Ley de Emergencia en Discapacidad es clara: el jefe de Gabinete, conforme a sus atribuciones legales, debe asignar y/o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento. No puede excusarse: la ley lo obliga a priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad. Basta de excusas y de maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley», exigió.
El diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón, en tanto, señaló que «el Gobierno finalmente publicó la ley y acto seguido la devuelve al Congreso para demorar su cumplimiento». «Es inaudito e inédito: nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente, desafiando la voluntad popular y a la propia Constitución. Si el 4 de octubre la ley no está cumplida ampliaremos la denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. ¡Con la discapacidad, no!», escribió.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez expresó que «el Decreto 681/2025 es nulo de nulidad absoluta e insanable e inconstitucional al violar objetivamente el procedimiento de formación y sanción de las leyes, como así también, lesionar los derechos de las personas con discapacidad».
«¿Qué se puede hacer ante el Decreto 681/2025? Las personas afectadas promover acciones de amparo de forma individual y colectiva. Cualquier persona realizar una denuncia penal por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cualquier persona solicitar a la Cámara de Diputados la promoción de un juicio político contra el Señor Presidente Javier Milei por mal desempeño en el cargo y la comisión de delitos en ejercicio del cargo», concluyó.
