

Cacho Garay y su abogado, Daniel Romero. Diario Los Andes
Además, deberá continuar con tratamiento psicológico y psiquiátrico debiendo presentar cada mes el certificado correspondiente; en tanto sigue vigente la prohibición de acercamiento a menos de 700 metros de la denunciante (que ahora reside en Córdoba).
El letrado indicó que su cliente “está muy feliz” y que previo a la audiencia estaba muy ansioso, luego de pasar dos años con prisión, primero efectiva y luego domiciliaria.
Desde la Fiscalía explicaron que la jueza, al otorgar la libertad no evaluó la prueba y que tuvo en cuenta el estado de salud del humorista: tiene cáncer de próstata, es insulinodependiente y tiene problemas en la vista y presión arterial.
Ya con el humorista en libertad, el caso seguirá la próxima semana, cuando arranquen las audiencias en la que la misma jueza deberá decidir sobre la oposición a la elevación a juicio solicitada por el defensor, luego de que, en setiembre del año pasado, la fiscal de Violencia de Género, Mónica Fernández Poblet elevó la causa a juicio, algo que fue aprobado por los querellantes Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena.
Los delitos imputados
Desde que fuera detenido el 12 de abril de 2023, tras ser denunciado por su ex pareja, pesan sobre Garay una acusación conformada por 10 delitos: “amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de arma, coacciones simples, coacciones agravadas por el uso de armas, robo simple, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil (tres hechos), abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra una persona a quien se debe respeto particular en un número indeterminado de hechos y desobediencia a una orden judicial, todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género”, según consta en el expediente judicial.
La otra persona imputada en la causa es la presunta cómplice, Sandra Astudillo Staffolani (60), una empleada legislativa y ex soberana vendimial que goza del beneficio de la prisión domiciliaria.
Tras ser detenida el 13 de junio de 2023, Astudillo está acusada por “abuso sexual doblemente agravado por ser gravemente ultrajante y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en número indeterminado de hechos, todo en concurso real y en contexto de violencia de género”.
