Trazabilidad de fondos públicos e infraestructura para Mendoza
La diputada nacional Lourdes Arrieta ingresó al Congreso de la Nación una serie de iniciativas diseñadas bajo el eje conceptual del control y la transparencia presupuestaria. El objetivo central busca determinar con precisión el destino, ejecución y estado de los recursos financieros transferidos por el Estado Nacional a la provincia de Mendoza, así como las condiciones de las obras de infraestructura clave para la región.
Dentro de este bloque de proyectos destacan:
Resarcimiento económico (Exp. 4237-D-2026): Pedido de informes sobre el destino de los US$1.023 millones recibidos por la provincia de Mendoza, requiriendo el detalle de obras ejecutadas, fondos disponibles y posibles mecanismos de repago mediante peajes o tarifas.
Anticipo financiero (Exp. 4236-D-2026): Solicitud de precisiones sobre el anticipo de hasta $325.000 millones otorgado por el Gobierno Nacional, requiriendo montos recibidos, justificación de la solicitud y condiciones financieras de devolución.
Infraestructura nacional y Cuyo (Exp. 4196-D-2026): Requerimiento de información sobre el estado de conservación, mantenimiento y seguridad de la red vial y ferroviaria nacional, con foco en los corredores bioceánicos y de carga.
Red vial mendocina (Exp. 4014-D-2026): Pedido de informes sobre el mantenimiento y presupuesto destinado a las rutas nacionales en Mendoza, cuestionando el destino de las contribuciones de los usuarios frente al cobro de peajes.
Obras en la Ruta Nacional 40 (Exp. 2236-D-2026): Proyecto de declaración para urgir la intervención, reparación y finalización de los tramos pendientes de la Ruta 40, estratégica para la integración productiva.
«Queremos que cada peso tenga trazabilidad. Mendoza no pide privilegios; pide transparencia y que los recursos puedan seguirse desde su origen hasta su destino final», remarcó la legisladora mendocina.
Crisis de endeudamiento familiar y el impacto en las pymes
El segundo bloque de iniciativas aborda el complejo escenario socioeconómico que atraviesan los hogares. Mediante el expediente 4197-D-2026, Arrieta formalizó un proyecto de declaración para acompañar la «Marcha de los Endeudados», previstapara el 29 de agosto de 2026. La presentación alerta sobre el impacto de la morosidad y el recurso desmedido al financiamiento privado para cubrir gastos cotidianos como alimentos, alquileres y servicios básicos.
De acuerdo con relevamientos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y estudios del sector, para mediados de 2026 se registraron 5,91 millones de personas en mora. El indicador de morosidad alcanzó el 12,8% en entidades financieras y trepó al 30,1% en proveedores no financieros de crédito, categoría que abarca a las billeteras virtuales. En plataformas como Mercado Pago se identificaron Costos Financieros Totales Efectivos Anuales de hasta 1.375,94% para determinados perfiles de riesgo.
La diputada fundamentó la propuesta reflejando la realidad productiva de su provincia, donde comercios emblemáticos como la zapatería Anna Express cerraron tras 46 años de actividad, sumado al cese de operaciones de la sucursal del Hipermercado Libertad en Godoy Cruz, que dejó a 75 familias afectadas. «Necesitamos una economía con rostro humano. Detrás de una persiana que baja o de una deuda hay personas y familias buscando llegar a fin de mes», sostuvo.
Salud mental y endeudamiento en las Fuerzas de Seguridad Federales
Finalmente, el expediente 4226-D-2026 plantea un exhaustivo pedido de informes sobre las condiciones económicas, laborales y psicosociales del personal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. La iniciativa surge tras declaraciones de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien admitió un incremento del 30% en los suicidios dentro de las fuerzas durante 2025.
El proyecto requiere estadísticas desagregadas sobre suicidios e intentos de autolesión registrados entre 2024 y 2026. Asimismo, exige relevar el nivel de sobreendeudamiento del personal, precisando qué porcentaje de los haberes mensuales se encuentra afectado por embargos, préstamos o mutuales, indagando si existen agentes con descuentos superiores al 20%, 30%, 40% o 50% de sus ingresos netos.
La iniciativa busca indagar también sobre las extensas jornadas laborales, el estrés operativo, la falta de acceso a asistencia psicológica adecuada y los protocolos de resguardo o retiro de armas ante situaciones de crisis emocional. «Quienes integran las fuerzas nos cuidan en nuestro peor momento; es necesario saber quién cuida de ellos», concluyó Arrieta
