El «Régimen de Promoción del Empleo Registrado», lanzado en octubre de 2024 con el fin de formalizar el trabajo, incluyó condonaciones de hasta el 90% de deudas y extinción de acciones penales para empleadores incumplidores. Lejos del objetivo, los datos del SIPA y el INDEC muestran que el trabajo informal alcanzó el 37,7% de los asalariados, la cifra más alta de los últimos 24 meses.
El Gobierno nacional implementó a fines de 2024 el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (RPER), presentado por el presidente Javier Milei como una herramienta clave para «modernizar» las relaciones laborales y «mejorar los ingresos» a través de la formalización del empleo. Sin embargo, a menos de un año de su puesta en marcha, los datos oficiales indican que la normativa ha tenido un efecto no deseado: el trabajo no registrado no solo no se redujo, sino que aumentó, alcanzando su nivel más alto en dos años.
El régimen en cuestión ofrecía a los empleadores una serie de amplios beneficios, que en la práctica funcionaron como una amnistía para aquellos que habían incumplido la ley laboral. Entre las ventajas se incluía la extinción de acciones penales, la condonación de infracciones y el perdón de entre el 70% y el 90% de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social. La crítica central es que, en lugar de fomentar la formalización genuina a futuro, el plan premió el incumplimiento pasado.
Los números en rojo: la formalidad en caída
Las estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC confirman la tendencia regresiva en el mercado laboral argentino entre diciembre de 2024 y julio de 2025:
- Pérdida de empleos registrados: Los asalariados privados registrados cayeron en 14.000 puestos, pasando de 6.258.000 a 6.244.000.
- Crecimiento de la informalidad: La proporción de asalariados informales (aquellos sin descuento jubilatorio) se elevó del 36,1% al 37,7% del total de asalariados, su porcentaje más alto de los últimos dos años.
- Caída de la formalidad: En paralelo, los asalariados formales descendieron del 63,9% al 62,3%.
Pese a la magnitud del problema y los ambiciosos objetivos del RPER, el impacto real del régimen fue marginal. La Secretaría de Trabajo informó que solo 1.950 empleadores regularizaron 16.703 puestos desde diciembre de 2024, lo que representa apenas el 0,26% del total de asalariados privados registrados. Una cifra que no alcanza a compensar la destrucción de empleo formal ocurrida en el mismo periodo.
Una deuda histórica que se profundiza
La informalidad laboral en Argentina es una problemática estructural de larga data. Históricamente, cada vez que se propusieron reformas que flexibilizaron las condiciones laborales en favor de los empleadores, bajo la promesa de generar formalidad, el resultado fue el opuesto.
- En 1986, la informalidad se ubicaba en el 26,9%, pero escaló hasta el 49,4% en 2003, pasando por las flexibilizaciones de las administraciones de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.
- Luego de la crisis de 2001, y tras un repunte en el empleo, logró reducirse al 32,5% en 2015.
- Volvió a crecer durante el gobierno de Mauricio Macri y se mantuvo alta, tendencia que ahora se profundiza bajo las nuevas políticas implementadas por la actual administración.
El futuro: una nueva reforma laboral en camino
A pesar de los resultados negativos del Régimen de Promoción del Empleo Registrado, el Ejecutivo ya tiene en borrador una nueva reforma laboral que, según distintos analistas y gremios, podría acentuar la precarización.
Entre las propuestas que circulan se encuentran medidas que afectan directamente los derechos de los trabajadores, como:
- La extensión de la jornada laboral hasta 12 horas sin pago de horas extra.
- La posibilidad de fraccionar las vacaciones de manera unilateral.
- El pago de indemnizaciones en cuotas.
- La habilitación de acuerdos por empresa con salarios atados a la productividad.
Estas reformas se ofrecerían, nuevamente, a cambio de beneficios fiscales marginales para un sector acotado de la población. La preocupación de los especialistas radica en que, lejos de resolver la histórica deuda de la informalidad, la nueva legislación podría consolidar un mercado de trabajo con menos derechos y mayor precarización para la mayoría de los argentinos.
