El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó este jueves un nuevo capítulo de tensión tras el fracaso de la reunión paritaria con los gremios docentes universitarios. Pese al rechazo unánime de las representaciones sindicales frente a la propuesta oficial de un incremento salarial del 3%, el Ejecutivo nacional confirmó que aplicará el aumento de manera unilateral, otorgando la mejora en los próximos haberes aun sin la firma de los trabajadores.
El encuentro, que comenzó a las 11 de la mañana, significó la reanudación de las discusiones salariales que habían entrado en un cuarto intermedio desde el pasado 1 de septiembre. Durante la mesa de negociación, la Subsecretaría de Políticas Universitarias ratificó la postura que venía sosteniendo y no presentó ninguna oferta superior al 3% que ya estaba sobre la mesa. Desde el ámbito oficial fundamentaron que este porcentaje se suma a la recomposición acumulada del 35% dispuesta desde el acuerdo del 10 de junio, y sostuvieron que la medida permite avanzar en el cumplimiento de la cautelar judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
Por su parte, las federaciones docentes rechazaron enfáticamente el esquema y cuestionaron de manera directa los cálculos presentados por el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación. Desde el sector gremial remarcaron que el mecanismo de actualización salarial debería tomar como parámetro la recuperación del nivel adquisitivo previo a la devaluación de diciembre de 2023. De acuerdo con los relevamientos técnicos de los sindicatos, para alcanzar ese punto de equilibrio aún se registra un atraso salarial cercano al 23%, cifra que podría elevarse al 35% si se contemplan otros indicadores previstos en la propia legislación.
La falta de entendimiento no solo se limita a los docentes. Por la tarde, la convocatoria fue replicada con el personal no docente de las casas de altos estudios, a quienes las autoridades les presentaron la misma oferta del 3%, obteniendo una respuesta idéntica de rechazo. Ante este panorama de estancamiento, la dirigencia sindical anticipó que avanzará con un esquema de paros continuos e intermitentes en las facultades de todo el país, al tiempo que comenzó a diagramar la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para mediados de octubre.
A la par del conflicto paritario, la discusión de fondo se trasladó al plano legislativo en el marco del debate por el Presupuesto 2027. El proyecto elevado por el Palacio de Hacienda asigna una partida de $7,349 billones para el funcionamiento, infraestructura y programas especiales de la educación superior. Sin embargo, los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron que el presupuesto mínimo indispensable para garantizar la operatividad de las instituciones el próximo año asciende a los $11 billones, marcando un desfasaje estructural de $3,65 billones entre las pretensiones oficiales y el requerimiento de las universidades.
