Una iniciativa legislativa de la diputada provincial Lucía Lorena Klug (Unión por la Patria) generó un fuerte rechazo en el sector agropecuario al proponer la creación de la “Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (Tamba)”. El proyecto busca gravar las emisiones de gas metano generadas por la ganadería bonaerense, producto de la fermentación entérica de las vacas, con el objetivo de mitigar el cambio climático. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) tildó la medida de “improvisación legislativa” y advirtió que “cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”.
La propuesta, impulsada por una referente del movimiento Patria Grande de Juan Grabois cuyo mandato finaliza en diciembre, irrumpió en el debate público bonaerense con la intención de establecer un nuevo gravamen ambiental. El proyecto, presentado en la Legislatura provincial, busca abordar la imperiosa necesidad de enfrentar los desafíos del cambio climático y sus efectos, particularmente en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
El proyecto: una tasa basada en las cabezas de ganado
La iniciativa de la diputada Klug propone la creación de la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (Tamba). El fin principal de esta tasa es crear un fondo fiduciario para compensar las emisiones de metano generadas por la actividad ganadera.
El mecanismo establece que las entidades legalmente responsables de las empresas del sector ganadero asentadas en la provincia serán los sujetos obligados del nuevo tributo. La tasa a cobrar se calcularía en función de los kilogramos de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) emitidos, lo cual se estima en relación directa con la cantidad de cabezas de ganado que posean o produzcan las compañías. El proyecto se enmarca bajo el principio de Responsabilidad Extendida del Productor para el sector ganadero.
Según la fundamentación, la provincia de Buenos Aires contribuye con aproximadamente un cuarto del total de GEI del país, impulsado por su desarrollo productivo y densidad poblacional. Dentro de ese cuarto, el metano representa un 27% de las emisiones provinciales. La ganadería, a través de la fermentación entérica y el manejo del estiércol, es responsable del 19% del metano provincial, siendo una de las principales fuentes junto con los rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto.
El Campo en Alerta: «Reduce producción»
La reacción del sector agropecuario bonaerense, representado por la Carbap, fue inmediata y contundente, manifestando un rechazo extremo al proyecto. Ignacio Kovarsky, presidente de la entidad, sostuvo que la medida no solo carece de sustento técnico, sino que atenta directamente contra la actividad productiva.
«Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción«, sentenció Kovarsky, señalando que el sector ya soporta una de las presiones impositivas más altas del país. El rechazo se focalizó no solo en el fondo del proyecto, sino también en su forma y viabilidad.
Inviabilidad Técnica: La oposición argumenta que el proyecto es impracticable, ya que no existe actualmente una tecnología accesible y verificable para medir las emisiones de metano animal de manera individual en cada establecimiento ganadero.
Ironía Legislativa: La entidad rural incluso utilizó un tono irónico en sus comunicados, planteando: «El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?».
El antecedente global de Dinamarca
La propuesta argentina, si bien novedosa en el contexto local, encuentra un precedente internacional. Dinamarca, uno de los países más comprometidos con la acción climática, se convirtió en el primero del mundo en implementar un impuesto a las emisiones de metano del ganado.
El acuerdo danés, alcanzado en 2024 y que entrará en vigencia a partir de 2030, gravará las emisiones de ganado vacuno y porcino con una tasa que comenzará en 300 coronas danesas (unos USD 44) por tonelada equivalente de CO₂ y aumentará progresivamente. No obstante, el caso danés se distingue por haberse negociado con una parte de la oposición y representantes del sector ganadero, e incluye una reducción fiscal del 60% para mitigar el impacto en los agricultores.
En contraste, el proyecto bonaerense, que hasta el momento no cuenta con el apoyo de ningún otro legislador, ha generado un profundo quiebre con el sector productivo desde su presentación, lo que le otorga un futuro parlamentario incierto. La iniciativa, en esencia, abre un debate recurrente y complejo en todo el mundo: cómo compatibilizar la producción de alimentos y la sustentabilidad ambiental sin comprometer la competitividad ni el empleo rural.
