Con el objetivo de atraer capitales y dinamizar el mercado laboral local, el concejal Carlos Walter Alonso, del bloque La Libertad Avanza, presentó dos proyectos de ordenanza ante el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca. Las propuestas buscan reducir la presión tributaria sobre el sector productivo para incentivar la radicación de nuevas empresas y la expansión de las ya existentes.
Actualización del Régimen de Promoción Industrial
El primer proyecto, identificado como el Expediente 60-HCD/2026, propone modificar los artículos 1 y 2 de la Ordenanza N°20518. Esta iniciativa está dirigida a empresas que se radiquen en zonas aptas para uso industrial o que realicen ampliaciones para mejorar su capacidad productiva o incorporar nuevas líneas de productos.
Los beneficios estipulados incluyen:
Exención del 100% por 10 años en la tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Derechos de Publicidad y Propaganda, Tasa por Habilitación de Comercio e Industrias y Derechos de Construcción.
Reducción del 50% por 10 años en las tasas de Alumbrado, Barrido y Conservación de la Vía Pública, así como en la Tasa de Salud.
Según los fundamentos del proyecto, estas medidas son fundamentales para reducir las tasas de desempleo y diversificar la matriz productiva de la ciudad.
Creación del RIGIBB para grandes inversiones
Complementariamente, el concejal Alonso impulsó la creación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones Bahía Blanca (RIGIBB) a través del Expediente 566-HCD/2024. Este esquema local busca alinearse con el régimen nacional (RIGI) para atraer proyectos de gran escala mediante una estabilidad fiscal prolongada.
Para acceder a este régimen, las empresas deben estar previamente inscriptas en el RIGI nacional. Los beneficios para los beneficiarios del RIGIBB incluyen:
Habilitación: Exención del 100% de la tasa correspondiente.
Seguridad e Higiene y Tasa Ambiental: Reducción del 100% durante los primeros 10 años, 50% en la segunda década, 25% en la tercera y un 5% por los siguientes 15 años.
Construcción: Exención total de los derechos de construcción para la infraestructura necesaria.
Alonso destacó que estas iniciativas expresan la convicción de construir una ciudad que brinde seguridad jurídica y previsibilidad a quienes producen e invierten. El proyecto también prevé la creación de una comisión de seguimiento integrada por representantes del gobierno municipal, el sector empresarial y los bloques políticos para evaluar la implementación de la norma.
