La diputada provincial Silvina Vaccarezza presentó un proyecto para incluir a los deudores morosos en la categoría de «consumidores hipervulnerables». La iniciativa apunta a prohibir el hostigamiento telefónico y los reclamos en ámbitos laborales ante el alarmante crecimiento de la irregularidad financiera en los hogares bonaerenses.
En un escenario económico donde el recurso al crédito ha dejado de ser una herramienta de inversión para transformarse en un «salvavidas» para cubrir necesidades básicas, la Legislatura bonaerense analiza un marco normativo para frenar los abusos en los procesos de recupero de deudas. La diputada Silvina Vaccarezza (UCR + Cambio Federal) ingresó un proyecto de ley que busca modificar el Código Provincial de los Derechos de Consumidores y Usuarios, otorgando protección especial a quienes atraviesan situaciones de sobreendeudamiento.
La fundamentación de la medida se apoya en cifras preocupantes: mientras que la morosidad en el sector corporativo se mantiene estable en torno al 2,9%, la irregularidad en las familias escaló al 11,2%, según datos recientes del Banco Central. Esta brecha confirma que el endeudamiento familiar hoy se destina mayoritariamente a la compra de alimentos y el pago de servicios esenciales.
El concepto de «consumidor hipervulnerable»
El proyecto propone que las personas sobreendeudadas sean consideradas «consumidores hipervulnerables» de pleno derecho. Bajo esta categoría, quedarían alcanzados quienes perciban ingresos mensuales inferiores a tres salarios mínimos (aproximadamente $1.089.000 a valores de mayo) y cuya deuda exigible supere el 35% de sus ingresos netos.
No obstante, la iniciativa establece límites claros: no gozarán de esta protección quienes hayan contraído deudas por inversiones comerciales, actividades empresariales o la adquisición de bienes de lujo. “El proyecto no pretende incentivar el incumplimiento, sino garantizar que el recupero de deudas se realice bajo principios de trato digno”, aclaró Vaccarezza.
Fin al hostigamiento y protección de la privacidad
Uno de los ejes centrales de la ley propuesta es la regulación de las cobranzas extrajudiciales. De aprobarse, las empresas acreedoras y agencias de cobro tendrán prohibido:
Reiterar comunicaciones que configuren hostigamiento hacia el deudor.
Realizar llamados o notificaciones a teléfonos de uso común en el ámbito laboral del reclamado.
Difundir nóminas de deudores a través de medios de comunicación sin orden judicial previa.
La legisladora subrayó que estos métodos suelen derivar en amenazas y presiones que afectan la salud y la estabilidad laboral de los ciudadanos. La iniciativa sigue la línea de lo implementado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2019, buscando profesionalizar y humanizar el contacto entre acreedor y deudor en un contexto de crisis persistente.
De esta manera, el debate parlamentario pone el foco en evitar que el pasivo financiero se convierta en una causa de exclusión social permanente, priorizando procedimientos eficaces para la resolución de conflictos que no vulneren los derechos fundamentales de las familias bonaerenses.
