Estaba programado como el evento más importante en la historia del fútbol argentino en cuestión de clubes. Nunca antes una final de Copa Libertadores se había definido entre los dos equipos más grandes de la Argentina. River y Boca, Boca y River. El país estaba paralizado por la definición y los ojos del mundo se posaban aquel 24 de noviembre de 2018 en el lugar más austral del planeta. Pero lo que iba ser la gran fiesta del fútbol terminó en el papelón más penoso que se recuerde. La agresión al micro de Boca con suspensión posterior del partido puso a la violencia en el fútbol argentino en boca de todos. Y al final todo se trasladó a Madrid sumiendo en la impotencia a los hinchas.
A seis años de aquel incidente, la Justicia encontró un culpable que ya cumplió su pena aunque se le mantiene la prohibición de concurrencia y poco más: todas las complicidades políticas y policiales que saltaban a la vista terminaron sin sanción judicial y del hecho principal se desprendieron dos causas paralelas en las cuales una se cerró con algunas probation para barras y revendedores y archivo de la causa para dirigentes y empleados de River y la otra que tiene como acusado a Guillermo Caverna Godoy por lavado de activos, quien era el jefe en aquella época de Los Borrachos del Tablón, está elevada a juicio hace más de dos años y sin fecha aún para el debate oral. Todo muy argentino.
Aquel bochorno sigue repercutiendo aún hoy. Porque las frecuencias policiales que consignó en su momento TyC Sports dejaron al descubierto que hubo una zona liberada en medio de una interna entre la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y la de Nación, quienes decidieron resolver sus diferencias ese día, en Libertador y Lidoro Quinteros. Un rato antes que el micro de Boca tomara Quinteros hubo orden de replegar los cuerpos de choque hacia la zona de Figueroa Alcorta donde presuntamente se estaban produciendo incidentes con hinchas que no tenían sus tickets.
La información era que la barra, que había sido desarticulada el día anterior con un allanamiento donde se les sacaron los 300 carnets con los que se pensaba ingresar, supuestamente estaba robando tickets a los hinchas comunes. Ese dato era parcialmente cierto y la magnitud del incidente era pequeño. Cualquiera sabía que el objetivo principal a respaldar era la seguridad del micro de Boca. Pero no sucedió. Por eso cuando llegó a esa zona, se encontró sin el vallado correspondiente y sin los grupos de Infanterí necesarios para despejar el ambiente. Así, debió pasar rodeado de hinchas comunes de River y varios de ellos, en medio de la locura colectiva, decidieron tirarles piedras como método de amedrentamiento. Increíble pero real, porque así se comporta también el hincha protobarra del fútbol argentino. Uno de esos proyectiles rompió un vidrio, las esquirlas lastimaron a varios jugadores, uno de los más afectados fue Pablo Pérez, y el partido se suspendió.
La investigación judicial fue por varias aristas. La primera que se concretó fue la identificación de quién había tirado la piedra más precisa: era un hincha que no tenía relación con Los Borrachos del Tablón, llamado Matías Firpo, que tenía 31 años en ese momento. Vivía en Ramos Mejía, trabajaba como mecánico y había adquirido una popular para la tribuna Centenario alta a través de la comunidad Somos River. Diez días después del hecho y aunque se había rapado, fue detenido en la puerta de su casa por la fiscal que llevó el caso, Adriana Bellavigna. Y acordó en un juicio abreviado la pena de dos años y cuatro meses de prisión en suspenso (las penas menores a tres años son de cumplimiento condicional) y la inhabilitación perpetua por derecho de admisión para volver a la cancha.
Intentó violar esta restricción en agosto de 2022 en un partido contra Central Cordoba de Santiago del Estero en el Monumental, cuando fue con un carnet a nombre de otra persona, pero lo descubrieron por el programa Tribuna Segura, le labraron una contravención y se extendió la prohibición de forma permanente. No terminó tras las rejas porque la sanción judicial por haber arrojado la piedra del escándalo había terminado un año atrás pero sí tuvo otro revés: al mes siguiente River lo expulsó como socio de por vida. Hoy, dicen sus allegados, se arrepiente de su acción de aquel momento, rearmó su vida como mecánico tornero y ansía que alguna vez lo perdonen y le devuelvan la condición de socio del club, algo que parece imposible.
Pero por fuera de su situación, la causa judicial que también se había abierto por la liberación de la zona y que investigaba a funcionarios policiales y políticos languideció hasta archivarse definitivamente en medio de un escándalo porque todavía faltaban producirse medidas de prueba. La fiscal Bellavigna ya no estaba en la causa, había pasado al doctor Adrián Grassi pero no avanzó. Nadie quería ir más a fondo. Con lo cual la política resolvió su situación fuera de Tribunales con la salida de quien era por entonces el Ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo (íntimo amigo de Daniel Angelici) y el relevamiento del responsable policial de aquel operativo fallido, el comisario mayor Horacio Marot. Tras el episodio Ocampo pasó a ser legislador porteño y hoy es el Procurador de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Unión Cívica Radical mientras que Marot fue trasladado como responsable de la Dirección de Lucha contra la venta ilegal de Drogas y pasó después a la Superintendencia de Investigaciones mientras sigue siendo docente en las universidades policiales.
Lo que quedó en pie tuvo que ver con la causa por reventa de entradas de ese partido y los allanamientos a la institución y a la casa de Caverna Godoy. Este último es el único que quedó realmente complicado en la Justicia, porque no pudo explicar el origen de los fondos que tenía en su casa (se le secuestraron entre moneda local y extranjera el equivalente a casi diez millones de pesos que al cambio de entonces representaban unos 250.000 dólares) por lo que fue tras una investigación del fiscal José María Campagnoli fue procesado por lavado de dinero por la jueza Fabiana Palmaghini, lo que después fue ratificado en Cámara en marzo de 2021. A partir de ahí la causa fue elevada a juicio e insólitamente aún no tiene fecha de realización.
La otra causa que se abrió se tramitó en la Justicia porteña por reventa de entradas y por omisión de recaudos de seguridad en la Unidad Fiscal Norte a cargo del doctor Norberto Brotto. En ambas se involucraban a barras y empleados del club y terminó cerrada en febrero de 2022. En el primero de los casos, los barras, incluido Caverna Godoy, lograron concluir el proceso con una probation que establecía 100 horas de trabajo comunitario, una multa variable destinada a entidades de bien público cuyo máximo se le aplicó a los dos jefes de reventa en 1.650.000 pesos (NdR: 7.500 dólares a valores de aquella fecha) y la aplicación del derecho de admisión. Godoy intentó varias veces recuperar la barra de River, aliándose a la facción de Budge, pero no sólo no lo logró sino que terminó preso por estos hechos el 10 de abril de 2022 cuando liderando un grupo de 250 barras intentó ingresar al Monumental para un partido contra Argentinos Juniors. Pasó ocho meses en la cárcel y desde 2023 está intentando armar una facción para dar la pelea en la interna de Los Borrachos pero varios de los que lo acompañaban quedaron detenidos el 28 de enero de este año tras una batalla campal en las inmediaciones del Monumental en la previa del debut de River en la Copa de la Liga y su poder quedó muy limitado.
En el caso de los empleados y dirigentes del club la Justicia valoró la colaboración en la causa y los cambios de protocolo que desde ese momento se impusieron en el club, con la limitación al máximo de entradas de protocolo y sobre todo la aplicación del derecho de admisión para todos los barras involucrados, que en el caso de River la lista supera largamente los 400. Ese compromiso permitió que las actuaciones sean archivadas y no se recibieran sanciones.
Así, a seis años de aquel episodio, solo una persona pagó realmente con la suspensión de la final soñada: Matías Firpo. El resto, siga siga.
