Las entidades expresaron su rechazo y alertaron que la medida podría generar “riesgos jurídicos, financieros, sistémicos, territoriales y sociales”.
Las principales cámaras bancarias de la Argentina encendieron las alarmas ante un artículo del proyecto de reforma o “Modernización Laboral” que habilita el pago de salarios a través de billeteras virtuales y Proveedores de Servicios de Pago (PSP). En un documento enviado al Congreso, dirigido a Patricia Bullrich, Martín Menem y legisladores que analizan la iniciativa oficial, las entidades expresaron su rechazo y alertaron que la medida podría generar “riesgos jurídicos, financieros, sistémicos, territoriales y sociales”.
La Asociación de Bancos de Argentina (ABA), Adeba y Abappra cuestionaron específicamente el artículo 35, que permitiría que actores no bancarios acrediten haberes sin estar sujetos a los mismos controles regulatorios que las entidades tradicionales. Según remarcan, esa flexibilización implicaría “una objeción puntual y sustantiva respecto del artículo 35 en atención a los riesgos jurídicos, financieros, sistémicos, territoriales y sociales que su eventual aprobación podría generar”, ya que no se exigiría un régimen prudencial ni de supervisión equivalente al del sistema financiero formal.
Desde el sector sostienen que el esquema actual, que obliga a pagar salarios mediante cuentas bancarias, no responde a un atraso tecnológico, sino a una decisión de política pública orientada a resguardar ingresos de carácter alimentario y garantizar seguridad jurídica. También remarcan que los bancos publican información financiera y cumplen requisitos de transparencia que no se aplican a los PSP. A su entender, permitir el pago directo por billeteras digitales implicaría una “asimetría regulatoria”, menor protección al usuario y una supervisión insuficiente.
El informe advierte además un posible impacto macroeconómico. Las entidades señalan que la desintermediación reduciría los depósitos y, en consecuencia, la capacidad de crédito del sistema bancario. Esto afectaría el financiamiento de pymes, economías regionales, comercio y consumo. Según estimaciones incluidas en el texto, la contracción del crédito podría ubicarse entre 0,44% y 0,75% del PBI, con efectos negativos sobre la inversión, el empleo y el crecimiento.
Por último, los bancos defienden su rol histórico en el pago de haberes, especialmente en el interior del país, donde aseguran contar con una infraestructura y capilaridad que los proveedores digitales no pueden replicar. En ese sentido, sostienen que la acreditación en cuentas reguladas no limita la libertad financiera, sino que protege a los trabajadores. Además, remarcan que cualquier empresa interesada en abonar sueldos puede hacerlo si obtiene una licencia del BCRA, como ya ocurre con más de 70 entidades financieras habilitadas.
