La educación en la provincia de Buenos Aires se ha convertido en el epicentro de un fuerte debate político y legislativo. En las últimas semanas, distintos sectores de la oposición —La Libertad Avanza (LLA), el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR)— impulsaron una agenda conjunta para exigir respuestas al gobierno provincial sobre el funcionamiento de las escuelas, las condiciones de enseñanza y el impacto real de las recientes reformas.
El foco de la discusión abarca desde el nuevo Régimen Académico para las escuelas secundarias, implementado por la Dirección General de Cultura y Educación (a cargo de Flavia Terigi), hasta problemas operativos críticos como el transporte, la infraestructura y el crecimiento de la violencia escolar.
Los reclamos legislativos: entre la exigencia académica y la contención
Desde La Libertad Avanza, la senadora provincial Analía Balaudo presentó un pedido de informes para conocer los resultados concretos del nuevo Régimen Académico. La iniciativa busca determinar si los cambios en la evaluación y promoción de los alumnos mejoraron el aprendizaje o si, por el contrario, redujeron los niveles de exigencia para maquillar las cifras de abandono escolar. «La gestión de Kicillof vuelve a anunciar reformas como si fueran soluciones mágicas, pero nunca presenta los resultados», cuestionó Balaudo.
Por su parte, el bloque del PRO, encabezado por el senador Pablo Petrecca, acercó a Terigi una serie de proyectos enfocados en el bienestar educativo. Entre las propuestas destaca la incorporación de psicólogos en los Equipos de Orientación Escolar (EOE) de todos los establecimientos para abordar crisis de convivencia, acoso escolar y salud mental. Además, Petrecca solicitó que se le devuelva a los municipios la autonomía para implementar programas locales dentro de las escuelas, los cuales hoy se encuentran restringidos.
La presión de los intendentes radicales
El debate no se limitó a los recintos legislativos y llegó rápidamente al territorio. A principios de julio, el Foro de Intendentes Radicales bonaerenses mantuvo un encuentro con las autoridades educativas provinciales para trasladar las urgencias de sus distritos.
Los jefes comunales reclamaron por los insuficientes fondos girados para el transporte escolar, lo que obliga a las administraciones locales a cubrir los costos con recursos propios para no interrumpir los recorridos. Además, plantearon su preocupación por las demoras en los pagos de obras de infraestructura escolar y exigieron mayor respaldo para los docentes ante el incremento de los episodios de violencia en las aulas.
La conjunción de estos reclamos demuestra que la educación atraviesa una etapa de redefinición en la Provincia, donde la necesidad de medir la calidad del aprendizaje choca con las urgencias de infraestructura y contención social de la gestión diaria.
