La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, adelantó que el Poder Ejecutivo se encuentra evaluando una serie de medidas restrictivas para aplicar en futuras movilizaciones. Tras los violentos enfrentamientos ocurridos el pasado miércoles frente al Congreso durante el debate de la reforma laboral, el Gobierno busca profundizar el alcance del protocolo de orden público con inspecciones directas a los asistentes y limitaciones en el material de protesta.
En declaraciones radiales, la sucesora de Patricia Bullrich explicó que el área de Seguridad está revisando la efectividad de los controles actuales. La funcionaria fue explícita al mencionar que la revisión de mochilas y la prohibición de ciertos tipos de banderas están sobre la mesa de análisis.
Control de elementos de ataque
El foco de la cartera de Seguridad está puesto en la transformación de objetos comunes en armas. «No solamente se pueden dar de alguna manera revisión de mochilas. Pongo un ejemplo: banderas. Si después van a estar usando los palos de la bandera de flecha, o de arma para tirarlas… Vimos el miércoles pasado cómo le sacaban los palos», señaló Monteoliva en diálogo con Radio Rivadavia.
Según la visión de la ministra, la portación de mástiles de madera o metal constituye un riesgo latente para las fuerzas de seguridad y para terceros, dado que en los últimos disturbios se observó el uso de estos elementos para arremeter contra el cordón policial. El endurecimiento del protocolo buscaría neutralizar estas herramientas antes de que ingresen al perímetro de la manifestación.
Un balance de los disturbios
Los incidentes que motivaron este cambio de estrategia dejaron un saldo de enfrentamientos directos, lanzamiento de piedras y bombas molotov contra los uniformados. La respuesta de las fuerzas federales, que incluyó camiones hidrantes, gases lacrimógenos y detenciones, ha sido defendida por la ministra, quien sostiene que es necesario «evaluar de qué manera se puedan realizar otro tipo de controles sin poner en riesgo la vida de absolutamente nadie».
La medida no está exenta de polémica, ya que diversos sectores de la oposición y organismos de derechos humanos consideran que la revisión de pertenencias personales podría vulnerar derechos constitucionales. Sin embargo, desde el oficialismo insisten en que la prioridad es la seguridad de los ciudadanos y la protección de las instituciones durante las jornadas de debate legislativo.
Con este nuevo esquema, el Gobierno de Javier Milei ratifica su intención de ejercer un control estricto sobre el espacio público, buscando minimizar los focos de violencia en un contexto social marcado por el debate de reformas estructurales.
