El debate por la seguridad y el tratamiento de los menores en conflicto con la ley penal sumó una voz de peso y fuerte perfil crítico. Sergio Berni, actual senador provincial y exministro de Seguridad de Buenos Aires, rechazó de forma categórica la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados al nuevo Régimen Penal Juvenil, el cual reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
Para el legislador de Fuerza Patria, la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei es «totalmente arbitraria» y carece de fundamentos técnicos. Berni cuestionó la falta de criterios neurofisiológicos para fijar el límite en los 14 años, comparando la negociación legislativa con una «paritaria salarial» donde se partió la diferencia entre los distintos bloques sin una explicación lógica.
«A delitos de adulto, penas de adulto»: un eslogan bajo la lupa
Berni desestimó el argumento oficialista que pregona penas de adultos para menores. Según su visión, el foco no debería estar puesto en una cifra etaria fija, sino en la capacidad de comprensión de la criminalidad del acto. En este sentido, propuso que cada joven que incurra en un delito sea sometido a pericias psiquiátricas exhaustivas para determinar su madurez y responsabilidad real, independientemente de si tiene 13, 14 o 15 años.
«Argentina está perdiendo la posibilidad de cambiar una ley totalmente arbitraria», remarcó el senador, citando ejemplos de la región como Brasil (12 años), Uruguay (13) o Chile (14), para demostrar que no existe un consenso biológico sobre dicha edad.
El fantasma de la inconstitucionalidad y la falta de presupuesto
Uno de los puntos más críticos señalados por el exfuncionario de Axel Kicillof es la viabilidad operativa de la ley. Berni advirtió que el proyecto es un «anuncio rimbombante» que no contempla los mecanismos ni el presupuesto necesario para la resocialización, fin último que exigen la Constitución Nacional y el Código Penal.
«La ley podría entrar en conflicto con legislaciones provinciales e incluso ser declarada inconstitucional», disparó. Además, recordó casos trágicos como el crimen de Kim Gómez en La Plata, donde la ineficiencia judicial —que devolvió a sus padres a un menor detenido por robo una semana antes del asesinato— demuestra que el problema radica en el seguimiento y no solo en la edad de castigo.
La defensa del oficialismo
Desde la otra vereda, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió la media sanción obtenida con 149 votos a favor. El legislador libertario sostuvo que «cuando hay un delito grave, debe haber consecuencias graves» y que el Estado debe dejar de fallar en su rol de impartir justicia.
El proyecto aprobado contempla una pena máxima de 15 años para menores y asigna partidas presupuestarias a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para su implementación. No obstante, para Berni, sin un enfoque socioeducativo real y espacios de detención adecuados, la baja de imputabilidad será una herramienta estéril ante el avance de la delincuencia juvenil.
