Con salarios congelados por más de 300 días y la inflación erosionando el poder adquisitivo, el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI advierte que la pasividad gubernamental escalará las protestas, impactando potencialmente la atención a jubilados y pensionados.
El clima de tensión en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) se intensifica. El Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA) ha emitido una contundente advertencia a las autoridades nacionales: si persiste el congelamiento salarial, que ya supera los 350 días, y no se detiene la ola de despidos, las medidas de fuerza se endurecerán drásticamente.
El gremio, que representa a una parte significativa del personal del PAMI, denuncia que la política de ajuste implementada por el Gobierno de Javier Milei ha utilizado al sector como «variable de ajuste», llevando a los trabajadores y jubilados a una situación económica crítica. Los salarios del personal del PAMI no han recibido ningún tipo de incremento a lo largo de un período que, según los datos del propio sindicato, se acerca peligrosamente al año.
Un Deterioro Incesante del Poder Adquisitivo
La preocupación de SUTEPA se centra en la brutal pérdida de poder adquisitivo que sufren sus afiliados. En un contexto de alta inflación en Argentina, mantener los sueldos nominalmente fijos durante casi un año equivale a un severo recorte salarial en términos reales. El sindicato subraya que esta erosión afecta no solo a los empleados activos, sino también a los jubilados y pensionados del organismo, cuyo bienestar depende directamente de la calidad y continuidad de las prestaciones.
«Los trabajadores llevan más de 350 días con salarios congelados, una situación insostenible que también pone en riesgo la calidad de las prestaciones para los jubilados», señalan referentes gremiales. Este prolongado estancamiento económico contrasta fuertemente con la dinámica de precios, generando un profundo malestar y una creciente necesidad de acción directa para forzar la apertura de negociaciones paritarias.
La Sombra de los Despidos y la Precarización
Al reclamo salarial se le suma la amenaza de despidos. El Gobierno ha mantenido una política de reducción del empleo público en distintas áreas del Estado, y el PAMI no ha sido ajeno a esta situación. SUTEPA ha estado en alerta constante ante la posibilidad de cesantías masivas, lo que, según la entidad, no solo atenta contra la estabilidad laboral de los empleados, sino que también debilita la capacidad operativa del organismo para brindar atención a sus más de cinco millones de afiliados.
Además, en el pasado reciente, el sindicato ya había expresado su preocupación por el posible pase a planta permanente de algunos empleados «con un convenio a la baja», lo que generaría una precarización de las condiciones laborales, erosionando los derechos adquiridos y la estabilidad a largo plazo.
Medidas de Fuerza en Escalada
Ante la falta de respuesta oficial por parte del Gobierno nacional y de la propia dirección del PAMI, los gremios han optado por intensificar las acciones. Recientemente, se han llevado a cabo paros totales que se extendieron a lo largo de varios días, buscando visibilizar la situación y presionar para la convocatoria urgente a la mesa de diálogo.
La advertencia actual de SUTEPA indica que, de continuar el silencio y la inacción, las próximas medidas de fuerza serán «más duras». Esta escalada podría incluir paros por tiempo indeterminado o acciones de alto impacto a nivel nacional, afectando servicios esenciales que dependen del PAMI, desde la entrega de medicamentos sin cargo hasta la gestión de turnos y prestaciones sociales.
El secretario General del sindicato ha enfatizado que la defensa de la fuente de trabajo está íntimamente ligada a la defensa de un PAMI «con más y mejores prestaciones para sus afiliados». Argumentan que el «deterioro institucional» que sufre el organismo, marcado por la subejecución presupuestaria y la falta de control en las prestaciones, es un ataque directo a los derechos de los jubilados.
La situación pone de manifiesto la creciente tensión entre la administración pública y los representantes gremiales en el marco de una política económica de fuerte ajuste fiscal. Los trabajadores del PAMI, a través de SUTEPA, han dejado claro que no retrocederán en sus reclamos y están dispuestos a utilizar todas las herramientas gremiales a su alcance para recuperar el poder adquisitivo perdido y frenar la pérdida de puestos de trabajo.
La presión es alta y el tiempo se agota. La pelota, ahora, está en el campo del Gobierno, cuya respuesta definirá la continuidad y la dureza del conflicto en un organismo vital para la seguridad social del país.
