La investigación sobre el viaje de Manuel Adorni y su familia a Punta del Este en un jet privado sumó en las últimas horas elementos que profundizan las dudas sobre cómo se pagaron los vuelos y, sobre todo, exponen una cadena de explicaciones públicas que no terminan de encajar entre sí. La aparición de una nueva factura por el tramo de regreso, emitida el mismo día en que el escándalo tomó estado público, volvió a poner el foco no solo en el circuito del dinero sino también en las contradicciones del funcionario, su amigo Marcelo Grandio y los documentos incorporados al expediente.
El dato nuevo más sensible es la factura por el vuelo de vuelta, fechado el 17 de febrero entre Punta del Este y San Fernando, que habría sido emitida por el broker aeronáutico Agustín Ismel Issin a nombre de Marcelo Grandio. Según la documentación publicada por el diario La Nación, ese comprobante está fechado el 9 de marzo, es decir, varias semanas después del viaje y exactamente el mismo día en que el caso empezó a escalar mediáticamente. Para la Justicia, esa coincidencia temporal no es menor: la sospecha es que el documento haya aparecido de manera tardía para justificar a posteriori un gasto cuya trazabilidad todavía no está clara.
Ese punto es particularmente problemático porque ya estaba acreditado en el expediente que el vuelo de ida había sido abonado por Imhouse, una productora vinculada a Grandio, conductor de la TV Pública y amigo personal de Adorni. Según la documentación entregada por la empresa aérea Alpha Centauri al juez Ariel Lijo, el tramo de ida costó us4.830 y fue pagado en pesos. Mientras que el de vuelta parece ligado a una operatoria distinta: un paquete de 10 vuelos factorados por 42.250 dólares a Hansen/Issin, del que formaría parte el regreso de Adorni. Ahora, con la nueva factura por 3.000 dólares emitida a Grandio, la investigación se concentra en determinar si fue realmente él quien solventó ambos tramos y, en ese caso, bajo qué modalidad y con qué respaldo bancario.
Ahí aparece una de las principales incongruencias que hoy complican al actual jefe de Gabinete. Cuando el caso se conoció, Marcelo Grandio dio distintas versiones sobre el financiamiento del viaje. Primero sostuvo que “Manu lo pagó”; después dijo que cada uno abonó su parte; más tarde habló de que “lo pagó él con plata del Estado”, en alusión a Adorni, e incluso aseguró tener el recibo. Sin embargo, de acuerdo con lo publicado hasta ahora, no trascendieron comprobantes de una transferencia de Adorni a Grandio ni documentación que cierre de forma lineal ese circuito.
El ex vocero, por su parte, eligió una defensa más cuidadosa, pero tampoco despejó el núcleo del problema. Dijo que no tenía “nada que ocultar” y que se trató de “dinero familiar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones”. El inconveniente para su situación judicial es que esa afirmación todavía no aparece respaldada por documentación pública conocida que demuestre el pago efectivo. En la causa, justamente, una de las cuestiones bajo análisis es si existió una contraprestación real o si los vuelos fueron financiados por terceros, hipótesis que podría abrir discusiones sobre dádivas, cohecho o incluso fondos no declarados.
La nueva factura del regreso no solo despierta sospechas por su fecha. También genera ruido el tipo de comprobante y la estructura de la operación. El sitio La Voz informó que se trata de una factura tipo E, una categoría reservada a exportación de servicios, y remarcó que Issin declaró domicilio en Uruguay pese a que reside, trabaja y tributa en la Argentina. Para los denunciantes, esa combinación vuelve más opaco el rastreo del dinero e incluso podría derivar en observaciones de tipo tributario. La calificación de “trucha” fue impulsada desde la querella, aunque esa es una valoración de parte y no una conclusión judicial firme.
En este contexto, la Justicia ya avanzó con medidas de prueba que muestran que el expediente dejó de girar solo sobre el escándalo político y pasó a concentrarse en la reconstrucción fina del circuito del dinero. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita ordenaron requerimientos a la empresa aérea, pedidos de documentación a organismos que operan en San Fernando, relevamiento de cámaras, informes a ANAC, Aduana y Migraciones, y también el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los involucrados. Además, se dispuso relevar y desgrabar las entrevistas en las que Adorni y Grandio dieron explicaciones públicas para contrastarlas con los documentos incorporados a la causa.
Eso es, justamente, lo que hoy deja a Adorni en una posición más incómoda: no se trata solo de la existencia de un vuelo privado, sino de que cada dato nuevo parece ensanchar la distancia entre el relato público y los papeles del expediente. Si Grandio pagó la ida mediante una productora vinculada a la TV Pública y además aparece como presunto pagador del regreso, la versión de un gasto exclusivamente afrontado por Adorni con dinero propio pierde consistencia. Y si la factura del regreso fue emitida recién cuando el escándalo ya había explotado, la sospecha de una cobertura documental tardía gana peso político y judicial.
