Un oficial de la policía fue sentenciado a dos años y medio de prisión por haber falsificado su domicilio para percibir indebidamente un «suplemento por Zona Desfavorable». La maniobra, que se extendió por casi una década, le permitió cobrar más de 43 millones de pesos de manera fraudulenta, lo que le valió también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El Tribunal en lo Criminal N.º 1 de la ciudad de Bahía Blanca dictó una contundente condena contra el policía Jorge Orlando Fuentealba, un caso que pone de relieve la importancia del control y la transparencia en la administración de los fondos públicos. El efectivo fue hallado culpable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública bajo la modalidad de estafa agravada por haber sido cometida por funcionario público, en concurso ideal con falsificación ideológica de instrumento público.
La pena impuesta, de 2 años y 6 meses de prisión, se complementa con duras sanciones accesorias, incluyendo la inhabilitación perpetua para ejercer cualquier tipo de cargo público. Además, deberá cumplir con tres años de reglas de conducta y realizar 240 horas de tareas comunitarias en organismos o instituciones de bien público.
La investigación, llevada a cabo por la UFIJ N.º 10 a cargo del fiscal Gustavo Zorzano, reveló un prolongado y premeditado accionar fraudulento. Según consta en la causa, desde noviembre de 2014 hasta junio de 2024, Fuentealba consignó datos falsos en sus declaraciones juradas, afirmando residir en la localidad de Juan A. Pradere, un distrito que forma parte del partido de Patagones y que, por su ubicación, otorga a los empleados públicos un beneficio salarial por “Zona Desfavorable”.
La estafa se concretó al hacer incurrir en error a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, encargadas de la liquidación de haberes. Estas, al tomar como ciertos los datos provistos por el acusado, procedieron a abonarle el suplemento de forma indebida. El accionar delictivo de Fuentealba generó un perjuicio patrimonial para el Estado provincial que supera los 43 millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud del engaño.
Este caso, que culminó con una condena ejemplar, subraya el compromiso de las autoridades judiciales con la persecución de los delitos de corrupción y fraude que afectan directamente al erario público. La inhabilitación perpetua para cargos públicos es una medida que busca evitar que personas que han cometido este tipo de delitos vuelvan a ocupar posiciones de confianza en el Estado, protegiendo así el patrimonio de todos los ciudadanos.
