La Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca formalizará su presentación ante la Justicia Federal para exigir al Gobierno Nacional la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, recientemente promulgada y suspendida por decreto. La medida se enmarca en una estrategia judicial nacional impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para defender la autonomía presupuestaria frente al ajuste y la pérdida de poder adquisitivo que atraviesa el sistema.
La UNS se Alinea con el Reclamo Federal
La decisión de la UNS no es un hecho aislado, sino la ratificación local de una postura unánime adoptada por el sistema público de educación superior en Argentina. Luego de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a todas las universidades públicas del país, resolviera recurrir a la vía judicial, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur le exigió a su Rectoría iniciar las acciones legales correspondientes.
El centro del conflicto radica en la Ley N° 27.795 (Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente), una norma sancionada e insistida por el Congreso Nacional, a pesar de los vetos presidenciales iniciales. El Gobierno Nacional, si bien la promulgó, inmediatamente después emitió el Decreto 759/2025, mediante el cual suspendió su aplicación “hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento”.
Este decreto es visto por las universidades como una clara violación a la división de poderes, ya que el Poder Ejecutivo estaría, de facto, anulando una ley sancionada legítimamente por el Poder Legislativo. El argumento principal de la demanda es que un decreto de necesidad y urgencia o una disposición ejecutiva no tienen la potestad constitucional para dejar en suspenso una ley de la Nación.
El Impacto del Conflicto Presupuestario
La urgencia del reclamo radica en la profunda crisis financiera que atraviesan las casas de altos estudios. La Ley 27.795 busca corregir una severa desactualización presupuestaria que se arrastra desde hace meses y que pone en riesgo el normal funcionamiento de las universidades.
- Pérdida de Poder Adquisitivo: La norma exigía actualizar el presupuesto universitario y los salarios docentes de forma indexada, atándolos al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La suspensión de la ley agrava el deterioro del poder adquisitivo, que, según informes del CIN, significó una caída real superior al 30% en el gasto universitario en los últimos años, y una pérdida salarial similar para el cuerpo docente.
- Afectación a la Gestión: La suspensión no solo impacta en los salarios, sino también en los fondos esenciales para el funcionamiento diario: servicios básicos, mantenimiento de edificios, equipamiento de laboratorios, becas estudiantiles e infraestructura. En el caso de la UNS, como en el resto del sistema, la imposibilidad de contar con un presupuesto actualizado compromete la planificación académica y financiera a corto y medio plazo.
Un Precedente Judicial Clave
La acción judicial de la UNS y de otras instituciones como la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) no solo persigue la recomposición inmediata de los fondos, sino que busca sentar un precedente jurídico que limite la discrecionalidad del Ejecutivo para desfinanciar áreas clave del Estado mediante decretos.
Los rectores han insistido en que su posición es institucional y legalista. Buscan que la Justicia actúe como árbitro constitucional, obligando al Gobierno a asignar de manera urgente las partidas presupuestarias necesarias, en cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales que garantizan la educación pública, gratuita y de calidad.
El sistema universitario, con la UNS a la vanguardia en su jurisdicción, ha dejado claro que la defensa de la autonomía y el financiamiento es una causa no negociable, y que el conflicto se traslada ahora al ámbito judicial, donde se definirá la legalidad de la suspensión y el futuro inmediato de millones de estudiantes y docentes.
