Una grave denuncia ha escalado hasta el Ministerio de Defensa, poniendo en la mira al titular de la cartera, Luis Petri, por la presunta venta de un vasto predio de 13.000 hectáreas pertenecientes al Ejército Argentino en la provincia de Córdoba. Sectores de la oposición y organizaciones sociales exigen máxima transparencia y cuestionan la legalidad y la estrategia detrás de la decisión de desprenderse de un patrimonio territorial de valor estratégico y ecológico, desatando una fuerte polémica sobre la racionalización de activos militares.
El Debate por el Patrimonio Territorial de las Fuerzas Armadas
La gestión de los bienes inmuebles del Estado Nacional, particularmente aquellos bajo la órbita de las Fuerzas Armadas, ha generado un nuevo foco de conflicto político, con el ministro de Defensa, Luis Petri, como protagonista involuntario. La polémica se centra en la inminente o ya concretada enajenación de unas 13.000 hectáreas de terrenos que el Ejército Argentino posee en la provincia de Córdoba.
Según la denuncia, que cobró notoriedad periodística en las últimas horas, la intención de la cartera de Defensa de desprenderse de este extenso territorio militar, cuyo valor se presume multimillonario, se enmarca en un plan de «racionalización de activos» impulsado por el Poder Ejecutivo. El objetivo declarado por el Gobierno para este tipo de operaciones suele ser la obtención de fondos que, posteriormente, deberían ser utilizados para el reequipamiento y la modernización de las Fuerzas Armadas.
El Valor Estratégico y Ecológico de la Tierra
La preocupación de los denunciantes, que incluyen a referentes de la oposición y activistas por la defensa del patrimonio público, no reside solo en el acto de la venta en sí, sino en las características de las tierras. En Córdoba, muchos de los predios militares de gran extensión, como las reservas en las Sierras Chicas, poseen un alto valor estratégico para la defensa y, crucialmente, son considerados reservas naturales o zonas de amortiguación ecológica.
El caso evoca precedentes controvertidos, como el debate de años anteriores sobre la Reserva La Calera, también en Córdoba, donde la propuesta de desafectación de terrenos generó una masiva resistencia por su importancia ambiental. Los críticos argumentan que una venta apresurada de 13.000 hectáreas, sin una evaluación exhaustiva de su potencial uso estratégico o su valor de conservación, constituye un despojo del patrimonio nacional.
La Respuesta Oficial (El Marco de Defensa)
Si bien el Ministerio de Defensa no ha emitido una respuesta detallada sobre la denuncia específica de las 13.000 hectáreas, el marco de la gestión de Luis Petri ha sido consistentemente el de sanear y poner en valor los recursos militares. En declaraciones anteriores, el ministro ha defendido la necesidad de utilizar los activos inactivos para financiar prioridades irrenunciables, como la compra de equipamiento moderno y la recuperación de capacidades disuasivas.
Desde la órbita oficial se suele argumentar que la venta de terrenos se realiza respetando los procedimientos legales y buscando tasaciones actualizadas para garantizar que el Estado reciba el valor de mercado. Sin embargo, los denunciantes insisten en que la falta de transparencia en los pliegos licitatorios y la celeridad del proceso podrían favorecer a intereses inmobiliarios o privados, dejando al Estado en una posición desventajosa.
La Exigencia de Transparencia y el Destino de los Fondos
La polémica se intensifica debido al momento político y económico, donde el Ejecutivo impulsa una amplia desregulación y desprendimiento de bienes estatales. La clave de la exigencia de la oposición radica en dos puntos fundamentales:
- Justificación de la Desafectación: Demostrar fehacientemente que las 13.000 hectáreas ya no cumplen ninguna función de defensa o seguridad nacional.
- Transparencia en el Proceso: Detallar públicamente cómo se realizó la tasación de las tierras, quiénes son los posibles compradores y, sobre todo, garantizar que la totalidad de los fondos recaudados se destinen, con rendición de cuentas clara, al reequipamiento militar, como el tan publicitado acuerdo por los aviones F-16.
La falta de precisión sobre el destino final de estos vastos terrenos y las implicaciones que podría tener su privatización para la geografía y el desarrollo urbano de Córdoba mantienen el tema en el centro del debate, exigiendo una respuesta clara y urgente por parte del titular de la cartera de Defensa.
