Un grupo de trabajadores, liderado por el Sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas (SSIP), se manifestó frente al Ministerio de Trabajo de Bahía Blanca para exponer un conflicto con las empresas Rayo y Ferroexpreso. Denuncian promesas de licitación condicionadas a la contratación de un supervisor con antecedentes de maltrato, pagos informales y sospechas de corrupción en la licitación. Además, expresan su rechazo a la propuesta salarial del Gobierno ante el repunte inflacionario.
Un conflicto laboral que involucra a las empresas Rayo y Ferroexpreso escaló hasta las puertas del Ministerio de Trabajo, donde un grupo de trabajadores, encabezado por César, se manifestó para hacer pública una serie de irregularidades y reclamos. La semana pasada, los trabajadores ya habían realizado acciones en los puntos donde se desarrollaban los problemas con estas empresas.
El foco del conflicto radica en una presunta promesa de licitación por parte de Rayo a Ferroexpreso, condicionada a la contratación de un supervisor con un historial de maltrato a vigiladores en otra compañía. Esta situación generó malestar entre los trabajadores, quienes además descubrieron prácticas de pago en negro y una significativa informalidad laboral dentro de la empresa Rayo.
Rayo se encuentra operando activamente y habría ganado recientemente la licitación de Ferroexpreso. Durante la protesta, se deslizó la posibilidad de tráfico de influencias y extorsión en el proceso de adjudicación de dicha licitación, lo que añade una capa de gravedad al conflicto.
Paralelamente a las denuncias de irregularidades, César expresó la profunda preocupación del grupo de trabajadores por el repunte de la inflación registrado en marzo y abril. En este contexto, la propuesta del Gobierno de un aumento salarial del 1% es considerada inaceptable. «Es imposible para los trabajadores aceptar ese aumento», afirmó César, cuestionando la capacidad de la población para afrontar la situación económica actual: «¿Hasta dónde va a bancar el pueblo?».
La manifestación frente al Ministerio de Trabajo busca visibilizar el conflicto y presionar por una resolución que aborde tanto las denuncias de irregularidades laborales como la necesidad de una recomposición salarial acorde al aumento del costo de vida.
