En una contundente acción contra la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, así como el abuso directo de menores, la “Operación Protección de las Infancias V” desplegó 165 allanamientos conjuntos y coordinados en 84 localidades de la provincia de Buenos Aires. El megaoperativo, liderado por el Ministerio Público Fiscal bonaerense, incluyó tres procedimientos clave en Bahía Blanca, donde se secuestraron elementos tecnológicos esenciales para el avance de las investigaciones, reafirmando el compromiso de la justicia en la protección de los derechos de la niñez.
Buenos Aires, 12 de junio de 2025 – La provincia de Buenos Aires fue escenario de un despliegue sin precedentes en la lucha contra el abuso sexual infantil y la ciberpedofilia. La «Operación Protección de las Infancias V», la quinta de estas características impulsada por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires bajo la dirección del Procurador General Dr. Julio Conte-Grand, llevó a cabo 165 allanamientos simultáneos en 84 localidades, marcando un hito en la persecución de estos delitos aberrantes.
Este vasto operativo fue coordinado con precisión desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, una dependencia de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, a cargo del Dr. Francisco Pont Vergés. La colaboración estrecha con fiscales especializados en la temática fue crucial para el éxito de la intervención, que requirió una meticulosa planificación y ejecución a gran escala.
La magnitud del operativo se evidencia en la participación de siete Fiscalías y/o Ayudantías especializadas que funcionaron como nodos estratégicos en distintos Departamentos Judiciales de la provincia. Estas incluyeron: la UFI n°22 de Azul, a cargo del Agente Fiscal Lucas Moyano; la UFIyJ N.º 20 de Bahía Blanca, bajo la dirección del Dr. Rodolfo De Lucía; la UFI n° 8 de Dolores, con el Dr. Walter Mercuri al frente; la Ayudantía Fiscal de Junín, a cargo del Dr. Fernando Graffigna; la Ayudantía Fiscal de La Matanza, liderada por las Dras. Lorena Natalia Pecorelli y Daniela Sánchez; la UFIyJ N.º 8 descentralizada de Berazategui (Departamento Judicial de Quilmes), a cargo del Dr. Daniel Ichazo; y la Oficina de Análisis y Seguimiento de la Información Criminal de Pergamino, bajo el Secretario José María Cifuentes y dependiente de la UFIyJ N.º 3 del Dr. Nelson Mastorchio. Esta articulación entre diversas jurisdicciones demuestra la complejidad y el alcance de las redes criminales que se buscan desmantelar.
En la ciudad de Bahía Blanca, específicamente, se realizaron tres procedimientos que ya se encontraban avanzados en sus respectivas causas. Los allanamientos tuvieron lugar en domicilios ubicados en Azara al 800, Pasaje Querandíes S/N e Italia al 800. En cada uno de estos puntos, las fuerzas de seguridad secuestraron una cantidad considerable de elementos tecnológicos. Estos dispositivos, que incluyen computadoras, teléfonos móviles, discos externos y otros soportes digitales, serán sometidos a exhaustivas pericias informáticas. El objetivo de estas pericias es fundamental: buscar mayores elementos de prueba que permitan fortalecer las investigaciones en curso, identificar a otros posibles implicados y reconstruir el accionar de estas redes delictivas.
La «Operación Protección de las Infancias V» no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una política de Estado orientada a combatir de manera frontal la explotación sexual infantil en todas sus formas, con especial énfasis en el entorno digital. La utilización de tecnología y la coordinación interdepartamental son herramientas clave para desarticular estas complejas estructuras criminales que operan en la clandestinidad y representan una de las mayores amenazas para la integridad de los niños, niñas y adolescentes.
Este tipo de operativos reafirman el compromiso del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires con la protección de los derechos de la niñez y la persecución implacable de quienes cometen estos crímenes. La sociedad espera que los elementos probatorios secuestrados permitan llevar a los responsables ante la justicia y que se logren condenas ejemplares, enviando un mensaje claro de que estos delitos no quedarán impunes.
