La tensión política en Argentina se eleva a niveles críticos a pocas horas de que se defina la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras la ratificación de su condena. La Casa Rosada, visiblemente alarmada por la magnitud de la movilización que el kirchnerismo y sus aliados preparan para este miércoles, ha puesto en marcha negociaciones urgentes con el Poder Judicial. El objetivo: lograr que la exmandataria obtenga el beneficio de la prisión domiciliaria este mismo martes, con la clara intención de desactivar la convocatoria a Comodoro Py.
La posibilidad de una manifestación «realmente masiva», cuya magnitud y desenlace son inciertos, ha encendido todas las alertas en el gobierno de Javier Milei. En la Casa Rosada, se reconoce la creciente incomodidad ante la «pérdida de control de la calle y la agenda política». Un funcionario, bajo condición de anonimato, admitió a medios nacionales que la situación es un «cisne negro», un evento inesperado con consecuencias potencialmente disruptivas, dado que «tenemos control cero de la situación». Esta autocrítica revela que el impacto político y social del fallo judicial contra Cristina Kirchner fue inicialmente subestimado por el oficialismo.
En este contexto de máxima preocupación, Santiago Caputo, una de las figuras más influyentes del gobierno, junto a su colaborador, el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, mantienen por estas horas «intensos diálogos» con sectores del Poder Judicial. La estrategia es clara: persuadir a los jueces a cargo de la ejecución de la condena de Cristina Fernández de Kirchner para que le otorguen directamente la prisión domiciliaria este martes, eliminando así la necesidad de su presencia en Comodoro Py el miércoles y, con ello, uno de los principales argumentos para la movilización masiva.
Sin embargo, en el kirchnerismo la desconfianza es palpable. La senadora provincial Teresa García, una de las dirigentes más cercanas a la expresidenta, dejó en claro la postura de su espacio este domingo: «La marcha se hace el miércoles. Está convocada a primeras horas de la mañana. Después tendremos certeza de a qué hora es y vamos a estar preparados. Hay que tener en cuenta que hace unos 10 días los medios de comunicación del Grupo Clarín, La Nación y AEA jugaron durante una semana con que la iban a meter presa, pero no se sabía cuándo. Fueron y vinieron en una suerte de mareo, y finalmente lo hicieron. Yo creo que hay que estar preparados, muy preparados para el miércoles. Preparados desde la mañana a acompañarla donde sea, sea en Comodoro Py, donde sea vamos a estar con ella». Las palabras de García reflejan la determinación de la militancia a apoyar a Cristina, más allá de cualquier maniobra judicial.
La definición de las condiciones de detención de Cristina Fernández de Kirchner recae en el presidente del tribunal oral que la condenó, el juez Jorge Gorini. Si bien la decisión será consensuada con sus colegas Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, se sabe que estos últimos, quienes arrastran rencores con el kirchnerismo por supuestas amenazas y espionajes, inicialmente buscaban endurecer las condiciones de detención y no descartaban incluso negarle la domiciliaria, tal como reveló LPO.
Ante este panorama de radicalización judicial, Gorini ha suspendido una licencia que tenía concedida y se ha mantenido en el país, en un intento por moderar las posturas más intransigentes de sus colegas y de los fiscales. La amenaza de una marcha multitudinaria parece haber generado un efecto de reconsideración en el ámbito judicial, conscientes de las posibles consecuencias de una decisión que enardezca aún más a la base kirchnerista.
«Hay mucha preocupación en todo el edificio de Comodoro Py, son varios los jueces y fiscales que están pidiendo que se dejen de joder y le den la domiciliaria rápido a Cristina», confió a LPO un juez federal, evidenciando el temor a posibles desbordes y al impacto que una imagen como la de Amado Boudou en pijama y con esposas tendría en la opinión pública y en la estabilidad política. La Casa Rosada, en particular, está decidida a evitar una «puesta en escena» similar que podría encender aún más la calle y consolidar la figura de Cristina Kirchner como una víctima de la persecución política.
