El magistrado federal Alejandro Patricio Maraniello, conocido por haber dictado una cautelar que frenó la difusión de supuestos audios de la hermana del presidente, se encuentra bajo la lupa del Consejo de la Magistratura. El juez civil y comercial federal ha sido denunciado en ocho ocasiones, cinco de ellas por acoso sexual y maltrato laboral, con graves testimonios que revelan un patrón de abuso de poder contra empleadas de su propio juzgado.
El Consejo de la Magistratura de la Nación se encuentra analizando una serie de graves denuncias que pesan sobre uno de sus miembros. En el centro de la polémica está el juez Alejandro Patricio Maraniello, un nombre que resonó en el ámbito político y mediático a principios de este año, cuando ordenó la suspensión de la difusión de supuestos audios de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. Sin embargo, su notoriedad actual responde a una problemática mucho más delicada: un total de ocho expedientes en su contra, con cinco de ellos vinculados directamente a acusaciones de acoso sexual y maltrato laboral.
La situación se tornó tan tensa que, en septiembre de 2024, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) celebró la decisión de instalar una consigna policial permanente en el juzgado de Maraniello para resguardar la integridad de los trabajadores. Este hecho, inusual en la órbita judicial, pone de manifiesto la seriedad de los reclamos que circulan contra el magistrado.
Según la información, Maraniello ya fue formalmente notificado de los cargos y se le ha concedido un plazo de 20 días para presentar su defensa por escrito y las pruebas que considere pertinentes. Aunque el juez niega todas las acusaciones y las califica como «falsas», los testimonios recogidos por el Consejo de la Magistratura son contundentes y describen un ambiente de hostigamiento y abuso.
Un patrón de hostigamiento y abuso
Entre los casos más graves se encuentra el relato de una joven trabajadora interina que denunció haber sido presionada para salir con el magistrado fuera del horario laboral. En el encuentro, según su testimonio, sufrió tocamientos y besos no consentidos, y posteriormente se sintió coaccionada a mantener relaciones sexuales para evitar que el hostigamiento continuara.
Otro caso detallado en los expedientes es el de una agente judicial que afirmó haber recibido mensajes inapropiados en redes sociales, comentarios sobre su vestimenta y acercamientos físicos indeseados. Al no ceder a las peticiones del juez, la mujer denunció haber padecido un maltrato psicológico que la llevó a medicarse y a tener ideas suicidas. La gravedad de su testimonio motivó que la fiscal especializada en violencia de género, Mariana Labozzetta, remitiera el caso a la jueza María Servini, con la intervención del fiscal Carlos Stornelli, ante la posibilidad de que se trate de delitos de acción pública.
Las acusaciones, que se han acumulado a lo largo del tiempo, van más allá del acoso sexual. Los expedientes también incluyen denuncias por abuso de poder, acoso laboral, maltrato e incumplimiento de reglamentos internos. La mayoría de los legajos provienen de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y de la Oficina de Bienestar Laboral, lo que refuerza la preocupación dentro del propio sistema judicial. El sindicato judicial ha advertido que cada nueva entrevista con empleados y ex empleados del juzgado de Maraniello destapa más situaciones de hostigamiento, subrayando la vulnerabilidad de las víctimas, que en muchos casos son trabajadoras jóvenes sin estabilidad laboral ni respaldo económico.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el juez Maraniello continúa ejerciendo sus funciones. Paralelamente a este proceso, el magistrado mantiene una activa presencia pública y una página web personal donde exhibe sus méritos, premios y una trayectoria académica que, según él, incluye la autoría de más de veinte libros y la presidencia de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. A diferencia de la Comisión de Acusación, que podría llevar a un juicio político, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura evalúa la aplicación de sanciones menores, como descuentos salariales. Sin embargo, la contundencia de los testimonios podría dar un giro a la investigación y derivar en un proceso más profundo.
