Imputaron a 23 personas, entre ellas directores del Consorcio Hidráulico, por la toma de la sede de CORFO en Pedro Luro en septiembre de 2023, en un hecho que interrumpió la operatoria central de riego y puso en riesgo documentación pública de alto valor.
La Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO) emitió un comunicado oficial el 4 de septiembre de 2025 informando sobre importantes avances en la causa judicial que investiga la violenta toma de sus oficinas centrales, un suceso que marcó un antes y un después en la historia del organismo. El hecho, ocurrido el 6 y 7 de septiembre de 2023 en Pedro Luro, Partido de Villarino, derivó en una investigación judicial que ahora muestra resultados concretos.
Según el comunicado de prensa, el pasado 1° de septiembre de 2025, la Ayudantía Fiscal interviniente imputó a 23 personas en el marco de la investigación. Entre los imputados se encuentran directores del Consorcio Hidráulico que, al momento de los hechos, también cumplían funciones públicas como miembros del Consejo Consultivo de CORFO.
El origen de la causa se remonta a la toma de las oficinas de la entidad, un evento que coincidió con la visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires a la localidad. Durante dos días, un grupo de personas forzó el ingreso a la sede, causando daños materiales, manipulando cámaras de seguridad y sustrayendo documentación vital.
La denuncia formal fue realizada el mismo día de la usurpación por el Dr. Juan Lozano, gerente administrativo del organismo, con CORFO constituyéndose como parte damnificada bajo la representación de su Administrador General, Ing. Ramiro Vergara. A partir de esta denuncia, la Jueza de Garantías N.º 4 de Bahía Blanca ordenó el desalojo con la fuerza pública. La investigación, a cargo de la Ayudantía Fiscal de Villarino, se inició por los delitos de turbación de un acto legítimo de autoridad y usurpación de inmueble.
La ocupación ilegal no solo interrumpió la operación central del sistema de riego, que es la función principal del organismo, sino que también puso en grave riesgo una vasta cantidad de bienes y documentación pública. Entre los elementos en peligro se encontraban escrituras y resoluciones de concesión de riego, archivos históricos sobre la creación de CORFO, documentación de proveedores, decretos oficiales, legajos del personal, registros catastrales, documentación judicial y hasta cheques de recaudación. Además, se vio comprometido el acceso a sistemas informáticos provinciales y se sustrajeron sellos oficiales.
A lo largo del proceso, se han acumulado pruebas importantes. En noviembre de 2024, un peritaje realizado por la división de Cibercrimen del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires confirmó la existencia de registros clave para la identificación de los involucrados. Adicionalmente, CORFO presentó un escrito denunciando la desaparición de convenios de uso de maquinaria y la sustracción de elementos de trabajo con documentación electrónica esencial para la gestión administrativa.
En junio de 2025, la Fiscalía abrió una nueva causa penal (IPP N.º 02-00-013658-25/00) para investigar posibles delitos adicionales. También se sumaron testimonios de trabajadores que relataron haber sido amedrentados y la imposibilidad de llevar a cabo sus tareas durante las 48 horas que duró la ocupación ilegal.
En su comunicado, CORFO ratifica su compromiso con la transparencia, la defensa del patrimonio público y el restablecimiento del orden administrativo. El organismo aseguró que continuará colaborando con la justicia, aportando toda la información y las pruebas necesarias para esclarecer por completo lo ocurrido. Asimismo, se comprometió a mantener informada a la comunidad y a los medios de comunicación sobre los avances significativos en el proceso judicial.
