La principal fuerza opositora, Fuerza Patria, apelará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la decisión que permitió a Diego Santilli encabezar la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El conflicto judicial reactiva el debate sobre la Ley de Paridad de Género y sienta un precedente peligroso a días de las elecciones, al cuestionar la aplicación de un decreto presidencial para modificar la composición de las listas.
El tenso pulso político y judicial en el marco de las próximas elecciones legislativas nacionales ha alcanzado su punto más álgido. La fuerza opositora Fuerza Patria confirmó que elevará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para revertir la resolución de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que validó la candidatura de Diego Santilli como primer aspirante a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires en la lista de La Libertad Avanza (LLA).
El origen del conflicto se remonta a la renuncia del cabeza de lista original, José Luis Espert, lo que generó un «vacío» que la fuerza libertaria intentó cubrir de inmediato, buscando ubicar a Santilli en esa posición clave.
El Laberinto Judicial y la Paridad de Género
La disputa se centra en la interpretación de la Ley de Paridad de Género (Ley 27.412) y el mecanismo de reemplazo de candidatos.
- El Corrimiento Natural vs. El DNU: Ante una vacante, el principio general electoral establece un «corrimiento natural» de los candidatos sucesivos en la lista. Si quien renunciaba era un hombre que encabezaba, el lugar debía ser ocupado por la siguiente persona en la boleta, que por ley de paridad era una mujer (en este caso, Karina Vázquez o Karen Reichhardt, según fuentes).
- El Fallo Inicial: El juez federal de La Plata, Ramos Padilla, había rechazado inicialmente el planteo de LLA, argumentando que permitir el reemplazo directo por otro hombre (Santilli) violentaba el espíritu de la ley de paridad, cuyo fin es «agrandar la brecha que la ley pretendió achicar.»
- La Intervención de la CNE: La Cámara Nacional Electoral, sin embargo, revirtió esa decisión. La CNE se basó en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 171/2019, emitido por el Poder Ejecutivo, que supuestamente cubría un «vacío legal» no contemplado en el Código Electoral. Este decreto permite a los partidos reordenar sus listas en caso de renuncia de su principal candidato. Fue esta interpretación la que permitió a LLA colocar a Santilli al frente de la boleta.
La Apelación a la Corte: Un Precedente Peligroso
Para Fuerza Patria, la decisión de la CNE y el uso del DNU para un tema electoral esencial constituyen un «precedente peligroso» y un claro retroceso en materia de igualdad de género.
Voceros de la oposición, como Malena Galmarini, han sido enfáticos al señalar que la resolución «sienta un precedente peligroso» y que se estaría tolerando una maniobra para «evadir la ley de paridad», la cual garantiza la intercalación de géneros. La argumentación legal que se presentará ante la Corte se centrará en dos ejes fundamentales:
- Violación del Principio de Legalidad: Se sostiene que el DNU excede las facultades del Poder Ejecutivo al regular una materia electoral reservada al Congreso, y que la reglamentación contradice el espíritu de la Ley de Paridad.
- Afectación al Bien Jurídico Protegido: Se busca defender el principio de no regresividad en derechos humanos, argumentando que el fallo judicial, al priorizar la maniobra partidaria, desnaturaliza la ley que busca garantizar la participación efectiva de las mujeres en los primeros lugares de las listas.
La urgencia del caso es extrema. Con las elecciones a solo días, la Cámara Electoral ya debió acelerar los tiempos para dar curso a los trámites. Si la Corte Suprema decidiera hacer lugar al pedido de Fuerza Patria, no solo se modificaría la cabeza de lista de LLA en el distrito más grande del país, sino que también se generaría un impacto logístico y financiero por la potencial necesidad de reimprimir millones de boletas.
El caso de Diego Santilli se transforma así en un hito en la jurisprudencia electoral argentina, donde la voluntad política de un candidato choca de frente con la arquitectura legal de la representación femenina.
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