La Justicia Electoral rechazó la solicitud del oficialismo para reimprimir las boletas únicas de papel (BUP) en la Provincia de Buenos Aires. El fallo considera que la maniobra es «material, temporal y jurídicamente inviable» a tan solo dos semanas de los comicios. Consecuencia: el rostro del candidato renunciante, José Luis Espert, seguirá siendo la imagen visible de la lista de La Libertad Avanza (LLA) el 26 de octubre.
El intento de La Libertad Avanza (LLA) de enmendar el escándalo político provocado por la renuncia de su principal candidato a diputado nacional en la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, ha chocado con el rigor de los plazos electorales y la Justicia. El tribunal electoral bonaerense, con la ratificación del fiscal Ramiro González, dictaminó la imposibilidad de reimprimir la totalidad de las boletas, dejando a la fuerza oficialista en una situación inédita y sumamente incómoda: la imagen del diputado que dimitió en medio de acusaciones de vínculos con una causa por narcotráfico, figurará obligatoriamente en el cuarto oscuro.
La decisión judicial, respaldada por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y el juez Alejo Ramos Padilla, se basó en una triple inviabilidad: material, temporal y jurídica. A menos de dos semanas de las elecciones legislativas, la logística de reemplazar casi 14 millones de boletas únicas papel (BUP) en el distrito con el padrón más grande del país fue considerada un riesgo inaceptable para la transparencia y realización del comicio.
La Imposibilidad Logística y el Riesgo para el Acto Electoral
El argumento central de la Justicia se centró en la perentoriedad del calendario. El Correo Oficial de la República Argentina, encargado de la distribución del material, informó que necesitaba un margen de al menos diez días para asegurar que las boletas lleguen a las 38.760 mesas de votación. Intentar reimprimir, validar los nuevos diseños y distribuirlos en un plazo tan ajustado comprometería la entrega a tiempo, lo que podría derivar en un caos logístico el día de la elección.
A esto se sumó el factor económico. El Ministerio del Interior, si bien había asegurado disponer de una partida extra millonaria (se manejaron cifras entre 12.000 y 18.000 millones de pesos) para afrontar el costo, la Justicia priorizó la estabilidad del proceso electoral sobre el gasto y la urgencia política de una sola fuerza. El fiscal González fue contundente al dictaminar que una reimpresión trasladaría «el conflicto o la posibilidad de confusión propia de la oferta electoral de una agrupación, al riesgo de realización conforme a la ley del acto comicial».
La Batalla por el Orden de la Lista y la Paridad de Género
Paralelamente, La Libertad Avanza también intentó una maniobra legal para que Diego Santilli, el dirigente de Pro incorporado a la lista para ocupar el lugar de Espert, pudiera encabezarla. Para esto, LLA invocó una reglamentación que permite reemplazar a un renunciante por otro del mismo género para mantener el equilibrio, lo que le habría permitido colocar a Santilli en primer lugar.
Sin embargo, el juez Ramos Padilla y la Cámara Electoral rechazaron este planteo aludiendo a la Ley de Paridad de Género (Ley 27.781), que estipula el corrimiento ascendente de los candidatos, respetando la alternancia de género. El criterio judicial fue que una renuncia no puede ser utilizada para alterar el orden de una lista ya oficializada ni para torcer el espíritu de la ley que buscaba achicar la brecha de representación femenina. Inicialmente, esto implicaba que la lista debía ser encabezada por Karen Reichardt (Karina Celia Vázquez), quien ocupaba el segundo lugar, aunque más tarde la Cámara Nacional Electoral revalidó la posibilidad de que Santilli asumiera la cabecera.
El punto irónico y final es que, incluso si Santilli o Reichardt encabezan legalmente la lista, la boleta física que recibirán los votantes en el cuarto oscuro tendrá la imagen de José Luis Espert. Su nombre y rostro, asociados al escándalo y la renuncia, seguirán siendo el símbolo visible de la opción libertaria en la Provincia. La Justicia priorizó la seguridad y estabilidad del proceso electoral por encima de la «conveniencia política» de La Libertad Avanza.
