Diputados del bloque libertario presentaron un proyecto para anular la capacitación obligatoria en género y violencia de género para los funcionarios bonaerenses. Argumentan que la norma «vulnera la libertad» e «impone requisitos ajenos a la idoneidad» para el cargo público, generando un fuerte debate político y social.
El debate sobre las políticas de género vuelve al centro de la escena legislativa en la provincia de Buenos Aires. Los diputados Guillermo Castello y Sebastián Pascual, integrantes del bloque La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara baja provincial, formalizaron la presentación de un proyecto de ley destinado a derogar la Ley Micaela (Ley N° 15.134, adhesión a la Ley Nacional N° 27.499) en el territorio bonaerense. La iniciativa ha encendido las alarmas en organizaciones de la sociedad civil y en el Ministerio de Mujeres y Diversidad provincial, que defienden la aplicación de la norma como una herramienta esencial contra la violencia de género.
La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria y permanente en las temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública, sin distinción de nivel jerárquico, en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La Tragedia que Dio Origen a la Ley
La norma debe su nombre a Micaela García, una joven militante social de 21 años que fue víctima de femicidio en 2017 en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. El crimen, perpetrado por un hombre que se encontraba en libertad condicional a pesar de contar con antecedentes de abuso sexual, expuso de manera dramática las graves fallas en los procesos de intervención estatal.
El caso de Micaela García evidenció la ausencia de abordajes con perspectiva de género en la Justicia y el Estado en general, y subrayó la urgencia de formar y capacitar en esta materia a todas las personas que cumplen funciones públicas, con el fin de prevenir, detectar y actuar correctamente ante las violencias por motivos de género.
Los Argumentos de la Derogación: «Idoneidad» e «Ideología»
Los fundamentos presentados por los legisladores de La Libertad Avanza se centran en una profunda crítica a la obligatoriedad de la formación y a la naturaleza misma de los contenidos que se imparten.
En primer lugar, el proyecto objeta la capacitación obligatoria al sostener que esta impone «requisitos ajenos a la idoneidad necesaria para cada cargo público». Para los diputados Castello y Pascual, la formación en perspectiva de género no debería ser un requerimiento de aptitud para ocupar un puesto en el Estado, desplazando supuestamente otras cualidades profesionales necesarias.
Además de cuestionar la idoneidad, los diputados fundamentan su iniciativa en una postura ideológica más amplia, argumentando que la Ley Micaela «vulnera la libertad y la propiedad» y «amenaza las bases del sistema republicano». Esta línea de pensamiento, común en el espacio libertario, considera la perspectiva de género como una intromisión ideológica en la vida pública y privada.
Según trascendió de los argumentos presentados, los legisladores de LLA consideran que la Ley Micaela funciona como un «caballo de Troya» que facilita el ingreso de «militantes políticos» al Estado. Estos, a su vez, utilizarían los cursos de formación obligatoria para «adoctrinar» o «bajar línea ideológica» entre el personal público.
Finalmente, en un contexto de austeridad y crisis económica promovido por el gobierno nacional, los diputados también señalan un argumento de índole presupuestaria. Indican que el cumplimiento de la Ley genera «gastos administrativos y presupuestarios que ‘no se justifican en un contexto de crisis económica'», aludiendo a los costos derivados de sueldos, materiales y trámites adicionales.
El Riesgo de Desandar el Camino de la Igualdad
Desde el sector de derechos humanos y los colectivos feministas, se ha respondido a este intento de derogación, señalando que representa un retroceso en materia de políticas públicas y un incumplimiento de tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.
Los defensores de la ley recuerdan que su objetivo no es únicamente la prevención de la violencia familiar, sino que busca generar un cambio cultural y estructural en el Estado, dotando a sus agentes de las herramientas necesarias para identificar y actuar frente a las violencias en todas sus formas. En este sentido, la Ley Micaela es vista como una garantía de derechos para mujeres y diversidades, fundamental para un acceso a la justicia y una administración pública libres de sesgos machistas.
El proyecto de derogación deberá ser tratado en las comisiones pertinentes de la Cámara de Diputados bonaerense, donde se espera un intenso debate que pondrá a prueba la correlación de fuerzas políticas frente a una de las leyes más emblemáticas impulsadas por el movimiento #NiUnaMenos en Argentina.
