Más de cien entidades sociales, comunitarias y políticas de la provincia de Buenos Aires emitieron un duro comunicado exigiendo a los legisladores que aprueben la ley de financiamiento enviada por Axel Kicillof. Advierten que el bloqueo de la toma de deuda, que requiere el aval de la Nación, impactará directamente en servicios esenciales como la salud, la alimentación y el empleo, y acusan al gobierno de Javier Milei de «jaqueo» y de retener fondos por 13 billones de pesos.
Más de un centenar de organizaciones sociales, comunitarias y políticas de la provincia de Buenos Aires se unieron en un contundente llamado a los diputados y senadores bonaerenses, pidiéndoles que «dejen de especular con las necesidades del pueblo» y aprueben de manera urgente la Ley de Financiamiento. La iniciativa, impulsada por el gobernador Axel Kicillof y enmarcada dentro del paquete económico del Presupuesto 2026, busca obtener los recursos necesarios para afrontar la «enorme deuda» heredada de la gestión anterior, liderada por María Eugenia Vidal, y garantizar los fondos para sostener los servicios y programas de asistencia en el territorio.
El reclamo, plasmado en un extenso comunicado que lleva la firma de agrupaciones que van desde movimientos sociales y vecinales, hasta sindicatos y diversas expresiones políticas del peronismo, pone el foco en las consecuencias directas de la falta de financiamiento sobre la vida cotidiana de los ciudadanos, advirtiendo sobre un panorama desolador si se mantiene el bloqueo legislativo.
El impacto social de la falta de fondos
El texto de las organizaciones es una clara advertencia sobre la paralización de la gestión provincial. «Sin financiamiento para gobernar, el impacto en las barriadas populares será enorme», señala la declaración. La carencia de recursos afectaría directamente la provisión de alimentos y recursos materiales de emergencia, cruciales en un contexto que definen como de «empobrecimiento salvaje del gobierno nacional».
Entre las áreas que sufrirían recortes de manera inmediata, se mencionan explícitamente:
La reducción de medicamentos para jubilados.
Menos fondos para la seguridad y el mantenimiento de escuelas.
Menos recursos para la construcción de viviendas.
La disminución en la inversión para financiar a las pequeñas y medianas empresas (PyMES).
El cese de herramientas destinadas a fomentar la ciencia, la tecnología y la cultura, pilares que el Gobierno provincial busca sostener frente a la política de ajuste federal.
Según la visión de los firmantes, negar el acceso al crédito es negar la posibilidad de cuidar y proteger a los bonaerenses, ya que el financiamiento permitiría a la provincia «ponerse al día» en múltiples áreas de gestión.
La pulseada con la nación y la denuncia por los $13 billones
La presión legislativa ocurre en medio de una escalada de tensión entre la provincia de Buenos Aires y la Casa Rosada. Las organizaciones señalan directamente al gobierno de Javier Milei, asegurando que «no votar esta ley es ayudar al plan de Milei y contribuir al jaqueo que sufre la provincia de Buenos Aires por parte del gobierno nacional».
En un contexto que describen como de «economía absolutamente desfinanciada», la declaración eleva una grave acusación: la Nación le «robó 13 billones de pesos a los bonaerenses» y, al negarle la posibilidad de acceder a créditos, «es atentar contra el pueblo bonaerense y sus necesidades». La cifra de 13 billones de pesos (12.9 millones de millones de pesos, según funcionarios provinciales) corresponde a la deuda que el Estado nacional mantendría con la provincia por recortes en programas específicos, transferencias discrecionales y fondos para obra pública, lo que agrava la asfixia financiera.
El debate legislativo y la amenaza a los aguinaldos
El proyecto de endeudamiento, si bien tiene el aval de la bancada oficialista, está empantanado en la Legislatura. A diferencia del Presupuesto y la Ley Fiscal, que solo requieren mayoría simple en comisión y recinto, el pedido de toma de deuda exige una mayoría calificada de dos tercios para su aprobación definitiva, un número que el oficialismo no puede alcanzar sin el apoyo de parte de la oposición.
La tensión se agrava ante la denuncia de que la autorización técnica que la Nación debe otorgar para que la provincia tome crédito se habría convertido en una herramienta de «presión» o «trueque político» por parte de los negociadores federales, a cambio de votos para la aprobación de la Ley Bases y el Presupuesto Nacional. Este pulso político tiene consecuencias directas: intendentes bonaerenses han advertido que cerca de 80 municipios podrían no contar con los fondos para pagar el aguinaldo de fin de año si el endeudamiento no se aprueba a tiempo.
El mensaje final de las organizaciones es un ruego a los representantes legislativos para que actúen con responsabilidad: «Les pedimos a los legisladores que dejen la rosca de lado y trabajen en defensa de la provincia de Buenos Aires, brindándole al gobernador las herramientas para poder seguir cuidando y protegiendo a los bonaerenses de las políticas de ajuste y entrega del gobierno de Milei». La amplitud de las organizaciones firmantes subraya la urgencia y la transversalidad de la preocupación por la estabilidad financiera y social de la provincia más grande de Argentina.
