En el marco de las intensas negociaciones entre el oficialismo bonaerense y la oposición para la sanción de la Ley de Financiamiento, el intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, es uno de los nombres que cuenta con consenso para integrar el Directorio del Banco Provincia (BAPRO). De concretarse su nombramiento, su hija Estefanía Bordoni asumiría automáticamente la Intendencia del distrito serrano.
El costo político del endeudamiento: Sillas en el BAPRO y fondos municipales
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires vivió horas de máxima tensión y febriles negociaciones. El gobernador Axel Kicillof puso toda la carne al asador en un intento desesperado por destrabar el proyecto de Ley de Financiamiento que lo autorizaría a tomar deuda en moneda extranjera por $3.685 millones de dólares para el ejercicio del próximo año.
A diferencia del Presupuesto y la Ley Fiscal, esta iniciativa requiere una mayoría calificada de dos tercios de los votos de los legisladores presentes para su aprobación, un número que el oficialismo no alcanza por sí solo y que lo obliga a tejer acuerdos transversales con la oposición.
Para conseguir el «número mágico» de 62 votos, el Ejecutivo provincial recurrió a una táctica de alta muñeca política: la concesión de cargos estratégicos en el Banco Provincia (BAPRO) y el compromiso de aumentar un fondo de asistencia para los municipios, largamente reclamado por intendentes tanto propios como opositores.
El teléfono abierto con Kicillof y la clave del consenso
Las gestiones fueron lideradas por dos alfiles del Gobernador: el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el nuevo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Mariano Cascallares. Según trascendió de las reuniones con los presidentes de los distintos bloques legislativos, los emisarios mantuvieron el teléfono abierto, con el propio Kicillof al habla, un recurso que subraya la urgencia y el nivel de compromiso que el mandatario estaba dispuesto a asumir para lograr el objetivo.
Este esfuerzo de última hora buscaba anudar un paquete de acuerdos que garantizara la sanción de la Ley de Financiamiento en la sesión prevista, cuyo horario ya había sido pospuesto dada la complejidad de las discusiones.
Bordoni, el massista que activa la sucesión municipal
Uno de los puntos centrales del acuerdo de cargos en la mesa directiva del banco oficial bonaerense, el BAPRO, provino del Frente Renovador. El espacio que responde al exministro de Economía, Sergio Massa, aportaría dos intendentes a la cúpula del banco: Javier Osuna (General Las Heras) y, en el sur bonaerense, Sergio Bordoni (Tornquist).
La postulación de Bordoni tiene una doble lectura política. Por un lado, se interpreta como el cumplimiento de una promesa política que Sergio Massa le debía al intendente serrano, al no haber podido incorporarlo en la lista de candidatos a diputados provinciales en la última elección.
Pero la consecuencia más inmediata y resonante es la que afecta la gobernabilidad de Tornquist. De concretarse la designación de Bordoni en el Directorio del BAPRO, este debería dejar su cargo municipal. La responsabilidad de la Intendencia recaería entonces en su hija, Estefanía Bordoni, quien ocupaba el primer lugar en la lista de concejales de su boleta electoral. Este movimiento no solo reconfigura la esfera política regional sino que asegura la continuidad del proyecto político del actual intendente en el distrito.
La reingeniería del Directorio del BAPRO: El reparto de sillones
Las negociaciones no solo se centraron en las figuras del oficialismo. Para ganar el apoyo necesario, se definió una reforma de la Ley para ampliar la composición del Directorio y la Sindicatura del Banco Provincia. Aunque el esquema varió a lo largo de los días, la propuesta que se barajaba era aumentar el número de directores de ocho a diez.
Bajo este esquema, el oficialismo mantendría seis sillones, repartidos entre las distintas líneas internas (kicillofismo, La Cámpora y massismo, con los dos intendentes mencionados).
La oposición, clave para el quórum y los dos tercios, se quedaría con cuatro asientos distribuidos entre diferentes bloques:
- Marcelo Daletto (propuesto por la UCR abadista/Monzoísmo).
- Matías Ranzini (del PRO).
- Fernando Rozas (hermano de Martín Rozas, líder del bloque libertario «dialoguista» Unión y Libertad).
- Se mencionaba un sistema de enroque anual entre Daletto y Fernando Pérez (radical del sector de Martín Lousteau), quien comenzaría como síndico para luego acceder a la Dirección. Asimismo, el proísta Adrián Urreli ocuparía una silla de síndico.
El fondo para los municipios y la tensión en el PRO
Además de los cargos, otro elemento de conflicto en la negociación era la creación de un fondo para los municipios, una demanda transversal. Si bien se llegó a un consenso provisional sobre su existencia, la discusión se trabó sobre el monto final, ya que la Provincia mostraba resistencia a aumentar significativamente la cifra.
A pesar de las dificultades, el oficialismo hacía la cuenta que, si sumaba los votos del Peronismo (37), los Radicales (15), la Coalición Cívica (3), Nuevos Aires (3) y los libertarios dialoguistas de Unión y Libertad (6), alcanzaría los 64 votos, superando la mayoría calificada.
En este complejo tablero, el PRO, con sus diferencias internas entre el sector «intransigente» de Diego Santilli y el «dialoguista» de Cristian Ritondo, se convirtió en el principal observador. Si bien no era estrictamente necesario para el Plan A, su potencial apoyo o rechazo generaba ruido. De hecho, el presidente del partido provincial, Sebastián Pareja (La Libertad Avanza), alertó que un voto proísta a favor del endeudamiento sería un «baldazo de agua fría».
Ante la posibilidad de que la suma de apoyos no fuera absoluta, el Ejecutivo tenía un «plan B» bajo la manga: convencer a legisladores opositores de ausentarse de la sesión. Al requerir la ley los dos tercios de los presentes, la ausencia reduciría el umbral de aprobación, permitiendo al gobierno sancionar la Ley de Financiamiento sin el apoyo explícito total.
Sin embargo, la prioridad en calle 6 sigue siendo cerrar el acuerdo político global que permita avanzar con el Plan A, consolidando una base de apoyo amplia a cambio de los puestos en el BAPRO y el fondo municipal.
