Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional consolida un cambio estructural en el mundo del trabajo: recorta derechos históricos, debilita a los sindicatos, reduce aportes al sistema previsional y habilita una transferencia millonaria de ingresos desde los trabajadores hacia las empresas.
La reforma laboral contenida en el Mensaje 35/2025 del Poder Ejecutivo no constituye una modificación aislada ni técnica del régimen de trabajo vigente. Según el informe “La precarización avanza”, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se trata de una transformación profunda del modelo laboral argentino, con impactos directos sobre los salarios, la estabilidad en el empleo, la negociación colectiva y el financiamiento del sistema de seguridad social.
El trabajo, presentado en diciembre de 2025, sostiene que el nuevo esquema consolida un proceso iniciado con el DNU 70/2023 y la Ley Bases, y avanza sobre pilares centrales de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y del derecho colectivo, bajo el argumento de “modernizar” el mercado laboral y fomentar el empleo formal.
Sin embargo, los datos y antecedentes analizados por el CEPA muestran un resultado inverso: caída del empleo registrado, mayor informalidad y un corrimiento sistemático del riesgo económico desde las empresas hacia los trabajadores.
Menos derechos individuales y mayor poder empresario
Uno de los ejes centrales de la reforma es la modificación de derechos básicos consagrados en la LCT. El informe detalla cambios que habilitan el fraccionamiento de vacaciones mediante acuerdos individuales, la extensión de la jornada laboral a través de bancos de horas y la virtual eliminación del pago de horas extras.
También se permite la reducción salarial en casos de accidentes o enfermedades laborales con incapacidad permanente, algo expresamente prohibido hasta ahora, y se amplían las posibilidades de contratación precaria mediante monotributo, tercerización y figuras de “colaboradores”.
En ese marco, los trabajadores de plataformas digitales quedan explícitamente excluidos del régimen laboral, sin salario mínimo, aportes jubilatorios, cobertura por accidentes ni vacaciones pagas. El informe señala que este sector, en fuerte crecimiento por la caída del empleo formal, opera como un amortiguador social del ajuste económico.
Indemnizaciones licuadas y despidos más baratos
Otro punto clave es la reforma del régimen indemnizatorio. Se eliminan del cálculo conceptos salariales como aguinaldo, vacaciones, horas extra, premios y comisiones, reduciendo de manera significativa el monto a percibir ante un despido sin causa.
Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con el 3% de la masa salarial bruta. Ese fondo podrá utilizarse para cubrir indemnizaciones, pero será compensable con contribuciones patronales, lo que implica menos recursos para jubilaciones, PAMI y asignaciones familiares.
Según el CEPA, este mecanismo no solo abarata los despidos, sino que introduce una lógica de financiamiento de las desvinculaciones laborales con fondos del propio sistema previsional, debilitando su sostenibilidad futura.
El golpe al sistema sindical y al derecho a huelga
La reforma también avanza sobre la estructura sindical. Se eliminan mecanismos automáticos de financiamiento gremial, se debilita la ultraactividad de los convenios colectivos y se altera el orden de prelación, permitiendo que acuerdos de empresa prevalezcan sobre convenios sectoriales.
A su vez, se amplía el listado de actividades consideradas “esenciales” o “trascendentales”, elevando los porcentajes mínimos de prestación durante medidas de fuerza y restringiendo de hecho el derecho constitucional a huelga.
El informe advierte que este esquema promueve una negociación fragmentada, atomizada y asimétrica, con menor capacidad de presión por parte de los trabajadores y mayor margen de maniobra para los empleadores.
Una transferencia millonaria del trabajo al capital
En términos fiscales, la reforma implica una transferencia directa de recursos hacia el sector empresario. El CEPA estima que la reducción de contribuciones patronales tiene un costo fiscal anual de 2.070 millones de dólares, mientras que la rebaja del aporte patronal a las obras sociales sindicales representa un ahorro empresario de 679 millones de dólares por año.
A esto se suma la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, con un costo fiscal estimado en 2.279 millones de dólares anuales, concentrado mayoritariamente en grandes empresas. Para las provincias, la merma por coparticipación ronda en promedio el 2,7%.
El informe también señala la eliminación de impuestos internos a bienes suntuarios —como embarcaciones, aeronaves y autos de alta gama—, con un impacto fiscal adicional de 334 millones de dólares, en beneficio de los sectores de mayor poder adquisitivo.
Antecedentes y resultados: más flexibilización, menos empleo
El trabajo del CEPA repasa antecedentes de reformas similares en los años noventa y durante el gobierno de Mauricio Macri, destacando que la flexibilización laboral no generó más empleo, sino una caída en la cantidad de empresas y una mayor precarización.
En el período actual, los datos del SIPA muestran que, desde la asunción de Javier Milei, se perdieron más de 138.000 puestos de trabajo registrados privados, lo que refuerza la idea de que el recorte de derechos no se traduce en mayor dinamismo laboral.
El trasfondo: FMI y reforma estructural
Finalmente, el informe vincula la reforma laboral con las exigencias del Fondo Monetario Internacional en el marco del nuevo acuerdo firmado en 2025. Entre ellas, se destacan la flexibilización del mercado de trabajo, la reducción del gasto previsional y la simplificación tributaria, con una menor carga impositiva sobre el capital y mayor presión sobre los ingresos laborales.
Para el CEPA, la reforma no apunta a resolver problemas coyunturales, sino a redefinir de manera estructural el vínculo entre capital y trabajo, consolidando un modelo con menos derechos, menor protección social y mayor desigualdad.
