El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una investigación por lavado de activos contra los empresarios Foster Gillett y Guillermo Tofoni, vinculados al impulso de las SAD y con llegada al entorno del presidente Javier Milei. Operaciones frustradas, fondos de origen incierto y transferencias irregulares de futbolistas encendieron las alertas judiciales.
Una denuncia por presunto lavado de dinero volvió a poner bajo la lupa al negocio del fútbol argentino. La Justicia investiga a los empresarios Foster Lockhart Gillett y Guillermo Luis Tofoni, señalados por su participación en operaciones de pases de futbolistas con fondos de dudosa procedencia, incumplimientos contractuales reiterados y maniobras que despertaron sospechas en clubes, organismos de control y el Ministerio Público Fiscal.
La causa tomó impulso a partir de una presentación realizada en marzo por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien solicitó que se investigue a ambos empresarios por el delito tipificado en el artículo 303 del Código Penal, que reprime el lavado de activos. La imputación quedó en manos de la Fiscalía N° 3 en lo Penal Económico, a cargo de Emilio Guerberoff.
La denuncia y el origen de la investigación
Según consta en el escrito de Marijuan, la investigación se inició tras una denuncia recibida por correo electrónico de la Asociación por la Defensa de los Clubes de Barrio de la Argentina (ADCBA). La entidad alertó sobre presuntas maniobras de estafa, defraudación y lavado de dinero en el marco de operaciones del mercado de pases de futbolistas argentinos, protagonizadas por empresarios cercanos al actual Gobierno nacional.
La presentación sostiene que Gillett y Tofoni, en coordinación con sectores del poder político, buscarían avanzar sobre el negocio del fútbol profesional mediante la promoción de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), presentándose como inversores de peso internacional, aunque sin demostrar respaldo financiero consistente ni transparencia en las operaciones.
Antecedentes y estructura empresarial bajo la lupa
Marijuan reconstruyó parte del recorrido empresarial de Gillett, señalando que en 2007 George Gillett, padre de Foster, adquirió el Liverpool Football Club por 500 millones de libras esterlinas. Foster Gillett integró la comisión directiva del club inglés hasta 2010, cuando la institución fue vendida en medio de una crisis financiera severa.
Posteriormente, Gillett desembarcó en el fútbol sudamericano con la compra del Rampla Juniors de Uruguay y, ya en diciembre de 2024, inició negociaciones para invertir 150 millones de dólares en Estudiantes de La Plata. Según la denuncia, el acuerdo implicaba que el 80 % de los activos vinculados al fútbol quedaran bajo control del grupo Gillett, mientras que el resto de las disciplinas continuarían en manos del club.
Desde la ADCBA advirtieron que estas operaciones configurarían un “triángulo Uruguay–Argentina–Europa”, un esquema que, lejos de aportar previsibilidad, incrementa el riesgo del negocio, especialmente cuando —según remarcaron— no existe la transparencia exigida en un mercado altamente regulado como el del fútbol profesional.
Los pases observados por la Justicia
El eje central de la causa gira en torno a cuatro transferencias que comparten un patrón común: promesas de pago que no se concretan, fondos que no aparecen y operaciones que terminan frustradas o redireccionadas.
Rodrigo Villagra
El mediocampista, perteneciente a Talleres de Córdoba, fue transferido a River Plate en febrero de 2024 por 10 millones de dólares. Sin embargo, la denuncia señala que Gillett se había comprometido previamente a pagar 11,5 millones de dólares para colocarlo en otro club. Ese dinero nunca llegó. Como consecuencia, Villagra entrenó tres semanas de manera aislada, hasta que, ante el cierre del mercado, fue vendido al CSKA de Moscú por una cifra sustancialmente menor: 4 millones de dólares por el 50 % del pase, más un millón adicional sujeto a objetivos.
Valentín Gómez
El defensor de Vélez Sarsfield tenía acordada su transferencia al Udinese de Italia. La operación se cayó cuando Gillett no abonó el monto del pase dentro del plazo estipulado, lo que obligó al jugador a regresar al club de Liniers.
Ezequiel Piovi
El 28 de enero de este año, Piovi firmó contrato con Estudiantes de La Plata por tres años, con opción de renovación, en una operación superior a los 2 millones de dólares. Al igual que en los casos anteriores, las negociaciones fueron impulsadas por Gillett, pero los fondos nunca fueron transferidos, repitiendo el mismo esquema de incumplimientos.
Cristian Medina
El volante de Boca Juniors, con contrato vigente hasta 2026, manifestó su intención de ejecutar la cláusula de rescisión. La operación, impulsada por Gillett, terminó en un escándalo: en enero de 2025, Boca debió devolver los 15 millones de dólares del pase al comprobarse que el dinero había salido de una cuenta personal del empresario, una práctica prohibida por las normativas de la FIFA, que exigen trazabilidad y transparencia en las transferencias.
Los fundamentos del fiscal Marijuan
Para Marijuan, los elementos reunidos hasta el momento son suficientes para avanzar hacia una instancia penal formal. En su dictamen sostuvo que la intervención de Gillett y Tofoni en operaciones por sumas millonarias, sin poder acreditar el origen de los fondos, habilita la investigación de conductas compatibles con el lavado de activos.
El fiscal subrayó que el artículo 303 del Código Penal castiga a quienes convierten, transfieren, administran o ponen en circulación bienes provenientes de un ilícito, con el objetivo de otorgarles apariencia de legalidad. En ese marco, consideró agotada la etapa preliminar y solicitó la profundización del proceso judicial.
La causa, aún en etapa investigativa, vuelve a exponer las zonas grises del negocio del fútbol, el rol de intermediarios privados y la tensión entre intereses económicos, clubes deportivos y el control del Estado.
