El abogado laboralista Gustavo Ciampa analizó los alcances de la denominada ley de Modernización Laboral y sostuvo que, lejos de una simple actualización normativa, el proyecto implica un cambio profundo en los principios del derecho del trabajo. Alertó sobre la eliminación de la justicia social, el impacto del banco de horas y una reforma que, según afirmó, “ya se concretó con la Ley Bases”.
El debate en torno a la ley de Modernización Laboral continúa sumando voces críticas desde el ámbito jurídico y sindical. En ese marco, el abogado especializado en derecho laboral Gustavo Ciampa dialogó con Tomás Méndez en el programa El Ojo de la Tormenta, por AM 750, donde expuso una serie de observaciones que, según remarcó, aún no han sido abordadas en profundidad por los grandes medios.
Para Ciampa, el proyecto no puede analizarse solo desde sus artículos más difundidos, sino desde aquellos que “definen el espíritu de la ley” y condicionan toda su aplicación posterior.
Los artículos que cambian el eje del derecho laboral
El abogado puso el foco en los artículos 4 y 68 de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), señalando que en la propuesta oficial se suprime de manera expresa la referencia a la justicia social y a la dignidad del trabajador como principios rectores para la resolución de conflictos.
Hasta ahora, recordó Ciampa, cuando una controversia no podía resolverse entre las partes, la legislación obligaba a los jueces a fallar teniendo en cuenta la justicia social, los principios generales del derecho, la equidad y la buena fe. La eliminación de esos conceptos, explicó, no es simbólica: redefine el marco interpretativo en favor de los sectores con mayor poder económico.
“La justicia social no es una consigna vacía, es la base para una distribución equitativa de derechos y oportunidades”, subrayó, y advirtió que el nuevo texto legal “favorece estructuralmente a las grandes empresas”.
Como ejemplo, mencionó el régimen de costas judiciales. Según explicó, si un trabajador realiza un reclamo considerado una “pluspetición inexcusable”, las costas podrían recaer de manera solidaria sobre el empleado y su abogado. Sin embargo, la reforma no establece el mismo criterio cuando es la empresa la que niega falsamente un reclamo.
El banco de horas y la vida del trabajador
Uno de los puntos más discutidos del proyecto es el banco de horas, que Ciampa definió como “absolutamente perjudicial” para los trabajadores. Explicó que la legislación vigente entiende al trabajo como un elemento ordenador de la vida, permitiendo a las personas organizar su tiempo familiar, social y personal en función de una jornada estable.
Con la nueva modalidad, sostuvo, el empleador podría modificar las horas de trabajo de manera discrecional, sin obligación de pagar horas extras, siempre que no se superen las 12 horas diarias. Esto implicaría, además, la pérdida de un ingreso clave, ya que las horas suplementarias dejarían de abonarse con los recargos actuales.
“El salario también se ve afectado, porque desaparece el pago de horas extras”, remarcó Ciampa, quien agregó que el trabajador perdería el derecho a mantener su jornada habitual. Frente a un cambio impuesto, las alternativas serían aceptar las nuevas condiciones o considerarse despedido.
Trabajo informal y un mensaje engañoso
Otro aspecto cuestionado por el abogado es el discurso oficial sobre el trabajo informal. Según Ciampa, el Gobierno plantea que la reforma busca otorgar derechos a quienes están fuera del sistema, cuando en realidad los trabajadores formales e informales ya poseen los mismos derechos ante la ley.
“La diferencia es que el Estado no inspecciona”, afirmó, y recordó que un trabajador no registrado puede reclamar judicialmente aguinaldo, vacaciones e indemnización cuando se encuentra en condiciones de hacerlo.
Ley Bases: una reforma ya en marcha
Para Ciampa, el debate actual desconoce un punto central: con la aprobación de la Ley Bases, la reforma laboral “ya se hizo”. Ese marco normativo incluyó un capítulo específico destinado a modificar relaciones laborales bajo el argumento de generar empleo registrado.
“El espíritu era el blanqueo”, explicó, pero los resultados, según señaló, fueron mínimos: de millones de empleos informales, solo se regularizó un porcentaje marginal, mientras aumentó la precarización y el desempleo.
En ese contexto, el abogado se preguntó cuál es el verdadero objetivo de la nueva reforma, especialmente cuando sectores como la construcción —con altos niveles de informalidad— no cuentan con indemnizaciones tradicionales.
Impacto en trabajadores y Pymes
Ciampa concluyó advirtiendo que los cambios no solo afectan a los trabajadores, sino también a las pequeñas y medianas empresas. En particular, señaló la pérdida del principio de solidaridad entre empresas contratantes y subcontratadas, una herramienta que hoy protege tanto a empleados como a firmas más chicas frente a incumplimientos.
“Preservar derechos laborales no es un obstáculo para el desarrollo, es una condición para una economía más justa y sostenible”, sostuvo.
