La Municipalidad de Tres Arroyos presentó una denuncia penal tras la difusión de chats que revelarían el uso indebido de información sensible del programa Incluir Salud con fines proselitistas. La causa quedó en manos de la Justicia y alcanza a referentes libertarios de la Sexta Sección Electoral.
Una grave denuncia por presunto uso indebido de datos personales de personas con discapacidad sacude el escenario político de la región. La presentación judicial fue realizada por la coordinadora del Área de Discapacidad del Municipio de Tres Arroyos, Andrea Elgart, y apunta contra dirigentes de La Libertad Avanza, tras la difusión de capturas de chats que indicarían el manejo electoral de información sensible perteneciente al programa Incluir Salud.
La denuncia se originó luego de que el medio La Nueva publicara mensajes de WhatsApp atribuidos a la concejala bahiense Franca Grippo, referente libertaria de la Sexta Sección Electoral, en los que afirma contar con “el padrón de Incluir Salud de toda la sección, dividido localidad por localidad, para hacer territorio”.
En los chats difundidos —fechados en junio de 2025— Grippo sostiene que se trata de “información reservada”, que debía entregarse “en mano” y no circular por medios digitales. Según consta en la denuncia, los mensajes fueron enviados tres días antes de la inauguración de un local de La Libertad Avanza en Tres Arroyos, acto en el que la concejala habría estado presente.
Presentación judicial y encuadre penal
La denuncia fue radicada ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°16, a cargo del fiscal Gabriel Lopazzo, y se encuadra en el artículo 157 bis del Código Penal, que contempla la posible comisión del delito de acceso ilegítimo y revelación indebida de datos personales, agravado por la condición de funcionarios públicos de al menos uno de los presuntos responsables.
El escrito judicial señala que la información involucrada corresponde a beneficiarios del programa Incluir Salud, es decir, personas con discapacidad que perciben pensiones no contributivas, lo que agrava la situación por tratarse de un colectivo especialmente vulnerable.
“Queremos que la Justicia investigue”
En declaraciones al medio Página/12, Elgart expresó su preocupación por el uso político de datos sensibles y remarcó el impacto concreto que este tipo de prácticas puede tener sobre los beneficiarios.
“Si tenían la información y la usaron de forma proselitista, sabiendo que nuestros vecinos podían ser citados y que incluso podían perder la pensión, queremos que la Justicia investigue”, afirmó la funcionaria.
Además, denunció que mientras desde el Ejecutivo nacional se impulsaban auditorías sobre pensiones por discapacidad, los municipios no contaban con acceso a los padrones oficiales para acompañar a los beneficiarios en los trámites de actualización, lo que derivó en la pérdida de prestaciones por falta de notificación.
“Nosotros desde la función pública no podíamos acceder a esos listados para ayudar a la gente. Muchas personas nunca recibieron las notificaciones y terminaron perdiendo su pensión. Es perverso lo que hicieron”, sostuvo Elgart.
Más dirigentes involucrados
En la denuncia también se menciona la posible participación de concejales libertarios de Tres Arroyos y del coordinador local de La Libertad Avanza, quienes —según la acusación— habrían estado presentes cuando se exhibieron los datos de personas con discapacidad.
El caso se da en un contexto de fuerte sensibilidad social por las auditorías impulsadas desde el Gobierno nacional sobre pensiones no contributivas, y suma un nuevo capítulo de tensión política entre el oficialismo local y referentes libertarios de la región.
La Justicia deberá ahora determinar el origen de la información, su eventual distribución y si existió un uso con fines electorales, en una causa que podría tener derivaciones penales de alto impacto.
