En un giro inesperado que marca el pulso de las negociaciones legislativas, el Gobierno nacional admitió fallas en la redacción de uno de los puntos más sensibles de la reforma laboral. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció públicamente que el artículo referido a las licencias médicas no distingue entre enfermedades leves y cuadros de gravedad, una omisión que el oficialismo ahora busca subsanar de urgencia.
«Tuvimos una equivocación, porque la ley original no diferenciaba entre enfermedades. Lo reconozco», sostuvo Bullrich en declaraciones televisivas. El error técnico reside en haber tomado como base normativas previas sin contemplar la especificidad de las patologías severas, lo que en la práctica implicaba que un trabajador con una enfermedad crónica o terminal pasara a cobrar apenas el 50% de su salario.
El foco en Diputados y el riesgo del cronograma
La estrategia oficialista ahora se traslada a la Cámara de Diputados, donde el titular del cuerpo, Martín Menem, tiene previsto convocar este miércoles a las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. El objetivo es introducir la corrección en el recinto este mismo jueves para garantizar que las patologías graves mantengan la cobertura del 100% del haber.
Sin embargo, esta rectificación conlleva un costo político y temporal: cualquier modificación en la Cámara Baja obliga a que el proyecto regrese al Senado para una segunda revisión (insistencia o aceptación). «Si se modifica aunque sea una coma y tiene que volver al Senado, eso puede demorar una semana más», advirtió Bullrich. Esta demora pone en duda si la ley podrá estar sancionada antes del 1° de marzo, fecha en que el presidente Javier Milei debe inaugurar las sesiones ordinarias.
Un debate marcado por la «mafia de los certificados»
Pese a admitir el error en el tratamiento de las enfermedades graves, la senadora defendió el espíritu restrictivo de la reforma para el resto de los casos. El argumento oficial sigue siendo el combate contra la irregularidad en el sistema laboral. «Buscamos terminar con situaciones irregulares, porque hay causas judiciales vinculadas a certificados médicos falsos en el país», enfatizó Bullrich.
El proyecto original, que ya cuenta con media sanción del Senado, establece que ante accidentes o enfermedades ajenas al trabajo, el empleado percibiría el 50% o el 75% del salario si la incapacidad surge de una actividad voluntaria. El Gobierno insiste en que, salvando los casos de salud extrema, el nuevo régimen es necesario para aumentar la productividad y terminar con los abusos del sistema actual.
La mirada ahora está puesta en los bloques aliados en Diputados, quienes ya habían manifestado reparos sobre este artículo. La admisión de la «equivocación» por parte de la Casa Rosada parece ser la llave para destrabar la votación, aunque el camino legislativo sea ahora más largo de lo previsto originalmente.
