La administración de Donald Trump condicionó cualquier avance en las relaciones bilaterales a un cambio en la cúpula del poder en La Habana. Según informes internacionales, Washington busca un nuevo interlocutor para facilitar reformas estructurales en medio de la asfixiante crisis que atraviesa la isla.
La salida de Miguel Díaz-Canel del poder se ha convertido en la pieza central del tablero diplomático entre Washington y La Habana. Según reveló un reciente informe de The New York Times, funcionarios del gobierno de Donald Trump han sido taxativos en sus comunicaciones con representantes cubanos: no habrá acuerdos económicos ni flexibilización de sanciones mientras el actual mandatario permanezca al frente del régimen.
Esta estrategia de la Casa Blanca marca un giro en la política exterior hacia el Caribe. El objetivo de Washington no parece ser, al menos en una primera etapa, el desmantelamiento total del sistema comunista instaurado hace más de seis décadas, sino forzar un recambio en el liderazgo político que permita una apertura económica hoy inviable bajo la gestión de Díaz-Canel. Esta postura se alinea con las recientes declaraciones de Trump, quien afirmó que sería un «honor liberar» o «tomar» la isla de alguna manera.
Un poder condicionado por GAESA
A pesar de que Díaz-Canel ocupa formalmente la presidencia, diversos analistas coinciden en que el poder real en Cuba sigue anclado a la estructura histórica de la familia Castro y a las Fuerzas Armadas. El conglomerado empresarial GAESA, que administra los sectores más rentables de la economía como el turismo y el comercio exterior, es el verdadero motor del control estatal.
En este contexto, Estados Unidos considera que Díaz-Canel es un obstáculo para las reformas estructurales necesarias. Sin embargo, los especialistas advierten que un reemplazo de nombres no garantiza necesariamente un cambio de sistema, ya que la arquitectura de poder diseñada por Raúl Castro permanece intacta.
Crisis energética y presión social
La exigencia estadounidense llega en el momento de mayor debilidad para el gobierno cubano. La isla enfrenta un «bloqueo energético» —como lo denomina La Habana— que ha provocado apagones masivos y una escasez de combustible que paraliza la actividad diaria. A esto se suma una inflación galopante y el recuerdo de las históricas protestas de 2021, que terminaron con cientos de detenidos y una fuerte condena internacional.
Washington no solo pide un cambio de rostro en la presidencia; también mantiene en la mesa de negociación la liberación de presos políticos y la apertura real a la inversión extranjera privada.
¿Quién podría suceder a Díaz-Canel?
Ante la presión asfixiante, en los pasillos del poder en Cuba han comenzado a circular nombres para una eventual transición que permita descomprimir la situación sin que parezca una rendición ante los Estados Unidos. Entre las figuras con mayor visibilidad aparece Oscar Pérez-Oliva Fraga, actual viceprimer ministro y vinculado por lazos familiares lejanos a los Castro.
El futuro de la isla se debate hoy entre la resistencia de una estructura envejecida y la necesidad imperiosa de oxígeno económico que solo podría llegar si se cumplen las condiciones impuestas por la Casa Blanca.
