La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó el escrito ante la justicia federal. Acusan a la legisladora salteña de mantener vínculos con empresas mineras mientras impulsa la reforma de la normativa que protege el ambiente periglaciar.
La senadora nacional por Salta, Flavia Royón, se encuentra en el centro de una investigación judicial tras una denuncia penal presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. La presentación, realizada ante la justicia federal, vincula a la legisladora con los delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública en el marco del debate por la reforma de la Ley de Glaciares.
Según el escrito, la organización sostiene que Royón habría mantenido vínculos profesionales, societarios y comerciales con empresas del sector minero que resultarían directamente beneficiadas por los cambios en la normativa impulsados por el gobierno de Javier Milei. Entre las firmas señaladas en la denuncia aparecen la neozelandesa Zelandez y la consultora Minenco SAS, además de presuntas conexiones con la compañía Río Tinto.
Los puntos centrales de la acusación
Los denunciantes argumentan que existe un claro conflicto de intereses, ya que la senadora habría integrado órganos societarios de empresas interesadas en la explotación de recursos en zonas de alta montaña de forma simultánea o reciente a su labor legislativa. La reforma en cuestión propone flexibilizar el alcance de la protección del ambiente periglaciar y trasladar mayores facultades de control a las provincias, lo que facilitaría la apertura de nuevos proyectos mineros en áreas actualmente protegidas.
La presentación también solicita que se investiguen posibles incumplimientos de la Ley de Ética Pública y eventuales deficiencias en las declaraciones juradas patrimoniales de Royón. Para ello, los abogados reclamaron que la justicia solicite informes a la AFIP, a la Inspección General de Justicia (IGJ) y al Senado de la Nación sobre sus intervenciones y asesorías externas.
La defensa de la legisladora
Por su parte, Flavia Royón negó categóricamente las acusaciones. La legisladora salteña afirmó que su posición responde a la defensa de los intereses de su provincia y no a intereses corporativos. En sus declaraciones públicas, sostuvo que el proyecto busca ordenar la normativa y «proteger el agua» sin obstaculizar la actividad productiva de la región.
Asimismo, Royón aseguró que renunció a todos sus cargos en el sector privado, incluido su puesto en el directorio de Zelandez Holding Limited, antes de asumir su banca el pasado 10 de diciembre de 2025. La senadora desafió a los denunciantes a presentar pruebas concretas y ratificó la transparencia de su patrimonio ante los organismos correspondientes.
