Los abogados del sindicalista detenido cuestionan la objetividad del fiscal general Juan Pablo Fernández y de la fiscal Marina Lara. Alegan que las declaraciones públicas de las autoridades afectaron la presunción de inocencia y convirtieron el proceso en una búsqueda de castigo ejemplificador.
La causa que investiga los violentos incidentes protagonizados por integrantes del Sindicato de Empleados de Comercio (AEC) en las instalaciones del Bahía Blanca Plaza Shopping sumó un nuevo y ruidoso capítulo judicial. La defensa de Claudio David Montiel, el único detenido hasta el momento, presentó un pedido de recusación contra el fiscal general Juan Pablo Fernández y la fiscal de instrucción Marina Lara, solicitando además que el expediente sea remitido a otra jurisdicción fuera del Departamento Judicial local.
El planteo, articulado por los abogados Sebastián Martínez y Gaspar Narváez, se fundamenta en una presunta falta de objetividad por parte del Ministerio Público Fiscal. El eje de la controversia radica en las declaraciones periodísticas brindadas por el fiscal general Fernández, quien en entrevistas recientes calificó a Montiel como un “energúmeno” y un “patotero”, términos que la defensa considera incompatibles con el rol de un funcionario judicial que debe velar por la imparcialidad.
El cuestionamiento a la «señal» institucional
Para los defensores de Montiel, el fiscal general exteriorizó una postura condenatoria antes de que la investigación estuviera concluida. En el escrito presentado, remarcan que Fernández señaló públicamente la necesidad de que el Ministerio Público actúe para «mandar la señal que corresponde», lo que para los abogados Martínez y Narváez transforma al proceso penal en una herramienta política o ejemplificadora, alejándolo de la búsqueda de la verdad histórica.
«No se trata de un proceso penal donde lo que se intenta es la reconstrucción de los hechos, sino de un posicionamiento valorativo que afecta la presunción de inocencia», argumentaron los letrados. Bajo esta premisa, sostienen que la fiscal Marina Lara ha seguido una línea «endurecida y precipitada» que coincide con la bajada de línea jerárquica, limitando —según su visión— el acceso de la defensa a piezas clave del expediente en momentos críticos de la investigación.
Pedido de traslado y debido proceso
Debido a la alta exposición mediática del caso y a lo que califican como una «secuencia institucional» de prejuicios, la defensa solicitó que la causa sea tramitada fuera de Bahía Blanca. Consideran que el clima social y la presión institucional local contaminan las garantías del debido proceso.
Por el momento, Montiel continúa detenido e imputado por delitos graves como coacción agravada. Mientras la Justicia resuelve si hace lugar a la audiencia solicitada para ampliar los fundamentos de la recusación, la investigación preliminar sigue su curso con el análisis de las cámaras de seguridad del centro comercial y diversas pericias técnicas. El apartamiento de los fiscales representaría un giro drástico en una de las causas judiciales con mayor impacto político y gremial de los últimos meses en la ciudad.
