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Contra el personalismo: proponen prohibir por ley nombres y rostros de funcionarios en la publicidad estatal

El diputado provincial Gustavo Cuervo presentó una iniciativa para impedir que los recursos públicos se utilicen para la promoción personal de los políticos de turno. El proyecto busca desvincular la identidad de los gobernantes de la cartelería oficial y el parque automotor de la Provincia, en sintonía con otros reclamos opositores para limitar el gasto en pauta.

La utilización del aparato estatal como plataforma de posicionamiento individual ha vuelto al centro del debate en la Legislatura bonaerense. Gustavo Cuervo, diputado y presidente del bloque Nuevos Aires, ingresó un proyecto de ley que apunta a erradicar una práctica histórica y naturalizada en la política local: la inclusión de nombres, símbolos e imágenes de funcionarios públicos en la cartelería de obras, publicidad oficial y vehículos pertenecientes al Estado provincial.

Para el legislador oriundo de Luján, la comunicación gubernamental ha sufrido un proceso de «personalización» que atenta contra la salud institucional. «La publicidad oficial debe ser comprendida como una herramienta de interrelación entre el Estado y la sociedad, debiendo informar de forma objetiva, simple y accesible, sin transformarse en una herramienta partidaria», sostuvo Cuervo en los fundamentos del texto.

Un freno a la «utopía» institucional

La iniciativa propone que la cartelería pública y el parque automotor se limiten exclusivamente a informar sobre programas y acciones de gobierno, omitiendo cualquier elemento que exalte la figura del individuo por sobre la institución. Según Cuervo, esta práctica ha derivado en un deterioro de la institucionalidad que, debido a su normalización por parte de todos los signos políticos, se ha convertido hoy en una «utopía».

El proyecto no solo abarca al Gobierno provincial, sino que también insta a los 135 municipios bonaerenses a adherir a la norma. El objetivo final es establecer un esquema uniforme de comunicación institucional en todo el territorio, garantizando que el dinero del contribuyente financie información pública y no campañas de posicionamiento encubiertas.

La presión opositora sobre la pauta y los actos

El proyecto de Cuervo se suma a una serie de iniciativas de otros bloques que buscan acotar el margen de maniobra del Ejecutivo provincial en materia de comunicación. Aunque con matices, la oposición coincide en que es necesario poner un tope al uso proselitista de los fondos públicos.

  • Límites presupuestarios: El senador Carlos Kikuchi (Unión y Libertad) propuso recientemente fijar un tope al gasto publicitario, estableciendo que este no pueda superar el 20% del presupuesto destinado a infraestructura escolar.

  • Sanciones a actos proselitistas: El diputado Andrés de Leo (Coalición Cívica) avanzó con un proyecto que prohíbe el uso de símbolos y eslóganes partidarios en inauguraciones de obras, previendo multas de hasta 20 salarios mínimos para los funcionarios que utilicen eventos oficiales con fines electorales.

A diferencia de estas propuestas, la de Cuervo se centra específicamente en la estética y el contenido de los soportes físicos del Estado (carteles y vehículos), buscando una «despersonificación» total de la gestión. La propuesta ahora deberá recorrer las comisiones de la Cámara baja, donde se espera un debate intenso sobre los límites entre la información pública y la propaganda política.

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