El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, realizó una profunda autocrítica y reconoció fallas graves dentro de la estructura municipal tras conocerse que Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, se desempeñaba en el área de tránsito de la comuna.
«Lo primero que hay que admitir y reconocer es que el sistema de controles falló, la Municipalidad falló y yo soy el máximo responsable, me tengo que hacer cargo y tomar decisiones», manifestó el mandatario provincial en declaraciones televisivas, asegurando que ya solicitó la renuncia de varios funcionarios de su gabinete.
Alerta por antecedentes y nuevas medidas de control
El impacto del caso destapó una problemática interna mayor. Passerini reveló que, a partir de que trascendió el vínculo laboral del imputado con el municipio, su administración recibió más de 200 denuncias y advertencias particulares sobre otros empleados municipales que cuentan con antecedentes penales activos.
Ante este escenario, el Ejecutivo municipal enviará un proyecto de ordenanza de forma urgente al Concejo Deliberante para modificar radicalmente los mecanismos de control del personal. Las principales reformas contemplan:
Frecuencia de antecedentes: La obligatoriedad de presentar el certificado de antecedentes penales pasará de exigirse cada cuatro años a solicitarse de forma obligatoria cada seis meses.
Exclusión de la función pública: Se ratificó que ningún empleado que registre condenas o situaciones judiciales incompatibles con la administración pública podrá continuar en su puesto.
Implementación de narcotests: Se aplicarán exámenes toxicológicos a toda la planta de empleados municipales.
El intendente aclaró que el testeo de sustancias no tendrá un carácter exclusivamente punitivo o discriminatorio. En los casos donde se detecten problemas de consumo problemático en los agentes públicos, la Municipalidad ofrecerá los tratamientos de asistencia y rehabilitación correspondientes.
