Desde diciembre de 2023, la administración nacional ha llevado adelante una política de ajuste sobre la estructura del Estado que se tradujo en una masiva reducción de sus equipos de trabajo. Al mes de mayo de 2026, la planta de personal del Sector Público Nacional (SPN) registró la pérdida de 69.992 puestos laborales, lo que representa una contracción del 20,4% de la dotación total y un promedio de 75 cesantías por día.
En términos absolutos, el mayor volumen de despidos se concentró en la administración descentralizada del Estado, seguida por las empresas públicas y las sociedades anónimas estatales. Sin embargo, al analizar los datos de forma proporcional, el impacto más fuerte lo sufrió la administración centralizada, lo que evidencia un marcado vaciamiento de las funciones operativas directas de los ministerios y dependencias del Poder Ejecutivo.
Al poner la lupa sobre las empresas y sociedades del Estado, el Correo Argentino lidera el recorte en valores absolutos con 5.465 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria con 4.109, el Banco Nación con 2.377 y Aerolíneas Argentinas con 1.979 bajas. En términos porcentuales, el caso más extremo se dio en la ex-Télam, donde fue desvinculado el 79% del personal, seguida por ENARSA Patagonia, Educar S.A., Contenidos Públicos S.E. y la Casa de la Moneda.
Por su parte, dentro de la Administración Pública Nacional (APN) —que engloba a los organismos desconcentrados y descentralizados— la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) encabeza la pérdida de empleo en términos absolutos con 3.429 puestos eliminados. Detrás se ubicaron la ANSES, con 2.751 despidos, y el CONICET, que sufrió una reducción de 1.961 científicos y trabajadores.
Finalmente, el análisis proporcional dentro de la APN ubica al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales como el área más afectada, tras perder el 62% de sus empleados. En segundo lugar se encuentra la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con un recorte del 53%, y en tercer término el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con una reducción del 46% de su dotación inicial.
