La decisión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de extender la suspensión del Programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) hasta el 31 de enero de 2027 reavivó la disputa entre el oficialismo y la oposición por el rumbo del gasto social y las políticas de asistencia en el territorio bonaerense.
El programa MESA, formalizado en 2022 como un complemento del Servicio Alimentario Escolar (SAE), funcionaba mediante la entrega de módulos alimentarios mensuales a familias de estudiantes de escuelas estatales. En mayo de este año, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad resolvió pausar la iniciativa por 90 días producto de la recesión, el aumento de los alimentos y la caída de transferencias nacionales. Cumplido ese plazo, la Resolución 1640/2026 oficializó la prórroga de la suspensión hasta principios de 2027.
Cuestionamientos de la oposición
La medida generó un rápido rechazo por parte del bloque de senadores del PRO. Su titular, Pablo Petrecca, cuestionó la secuencia administrativa utilizada por el Ejecutivo provincial al señalar que se autorizó el uso de excedentes del SAE para saldar deudas pendientes con proveedores de entregas pasadas del MESA, antes de disponer la extensión del freno.
A las críticas se sumaron los referentes de La Libertad Avanza, entre ellos Sebastián Pareja, Carlos Curestis y Juanes Osaba, quienes acusaron a la gestión provincial de recortar asistencia en sectores vulnerables y adelantaron que presentarán pedidos de informes conjuntos en ambas cámaras de la Legislatura.
La respuesta provincial y el refuerzo del SAE
Desde el Poder Ejecutivo bonaerense diferenciaron ambos programas y justificaron la medida. Señalaron que el MESA constituye un dispositivo extraordinario financiado con recursos provinciales, mientras que el SAE es la política alimentaria regular y permanente que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes.
En ese sentido, las autoridades anunciaron un incremento del 15% para el SAE a partir del mes de agosto, acumulando una actualización del 49,58% en lo que va del año y llevando la inversión mensual por encima de los $70.000 millones. Asimismo, responsabilizaron al Gobierno nacional por una deuda reclamada que supera los $220.800 millones en materia de asistencia alimentaria.
