La postura oficial frente a las deudas privadas
El Poder Ejecutivo nacional descartó de manera categórica la implementación de un auxilio financiero con recursos públicos para atender el récord de morosidad que actualmente afecta a casi seis millones de personas en todo el país. La doctrina fijada por la conducción económica sostiene que intervenir en los pasivos del sector privado implicaría utilizar el dinero de los contribuyentes para resolver compromisos entre particulares, lo que generaría un problema de «riesgo moral» en el sistema financiero.
En ese marco, tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantienen un monitoreo permanente sobre la evolución de la mora bancaria. Según las estimaciones oficiales y los datos técnicos analizados por la autoridad monetaria, el indicador de irregularidad en el financiamiento en pesos habría alcanzado un punto de inflexión con leves señales de estabilización, luego de haberse quintuplicado a lo largo del último año y medio.
El Presidente Javier Milei fundamentó la posición oficial al señalar que la crisis de mora tuvo su origen en la volatilidad de las tasas de interés previa al proceso electoral del año anterior. El mandatario remarcó que trasladar el costo de esas deudas al Estado equivaldría a traspasar la cuenta al conjunto de la sociedad, subrayando que la decisión de tomar un préstamo recae de forma individual sobre los deudores y que el rol del Estado no debe ser el de salvar a bancos ni a particulares.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfatizó la restricción fiscal que enfrenta la administración nacional para justificar la negativa a un rescate. El funcionario explicó que los recursos estatales provienen de los impuestos de los contribuyentes y que destinarlos a compensar carteras morosas iría en detrimento de otras prioridades presupuestarias, tales como los salarios de las Fuerzas Armadas o la financiación de las universidades públicas.
Refinanciación privada y lectura del Banco Central
En el ámbito operativo, las autoridades del Ministerio de Economía mantuvieron reuniones de trabajo con referentes de la banca pública y privada para seguir el comportamiento de los créditos. Desde el Banco Central ratificaron que no se establecerán topes a las tasas de interés ni se recurrirá a esquemas de emisión monetaria para absorber los saldos impagos. La apuesta del Palacio de Hacienda se concentra en que la propia dinámica del mercado, sumada a los planes de refinanciación ofrecidos por las entidades bancarias, absorba gradualmente la morosidad.
Actualmente, los bancos privados y públicos están aplicando esquemas de refinanciación con tasas que oscilan entre el 20% y el 25% anual a plazos de tres años para aquellos clientes que registran atrasos. Al respecto, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, aclaró que la mejora en las estadísticas oficiales suele mostrar un rezago de varios meses debido a los plazos normativos del sistema de clasificación crediticia, donde un cliente que regulariza su situación demora hasta nueve meses en pasar de la categoría de riesgo máximo a la condición de deudor al día.
En el ámbito público, el Banco Nación asumió un rol activo mediante la puesta en marcha de un paquete de facilidades que permitió concretar más de 62.000 refinanciaciones por un monto superior a los $310.000 millones hasta el mes de julio. En contraposición, las entidades financieras privadas han optado por negociaciones individualizadas caso por caso para reestructurar los vencimientos sin lanzar moratorias generales.
El panorama de la morosidad y el impacto de las fintech
De acuerdo con un informe elaborado por la consultora 1816, el índice de irregularidad de los créditos a las familias registró en junio su primera baja marginal en 19 meses, al pasar del 12,8% al 12,7%. La tasa general de mora del sistema financiero disminuyó del 7,7% al 7,6%, un comportamiento explicado principalmente por la aplicación de criterios más rigurosos en la concesión de nuevos préstamos y por un incipiente crecimiento real en el saldo de los créditos en pesos.
Sin embargo, el informe advierte que cerca de seis millones de personas continúan fuera del circuito crediticio formal por mantener saldos impagos, y que más del 25% de quienes accedieron a préstamos en los últimos años perdieron la condición de sujetos de crédito. Asimismo, los especialistas del sector bancario remarcan el denominado «efecto de arrastre», provocado por usuarios que toman financiamiento de menor cuantía a través de aplicaciones fintech con tasas elevadas y, al incurrir en morosidad con estas plataformas, terminan afectando su calificación en el sistema bancario tradicional.
Pese a las señales de desaceleración en el deterioro de la cartera, las estimaciones privadas no descartan fluctuaciones estacionales en el tercer trimestre, dado que la mora en entidades no financieras se mantiene en torno al 33%. Paralelamente, el Gobierno analiza nuevas alternativas financieras que permitan dinamizar el crédito a largo plazo, evaluando la posibilidad de involucrar fondos de la ANSES para abaratar la oferta de préstamos hipotecarios.
